El 15 de septiembre de 2017, día que la Iglesia celebra a Nuestra Señora de los Dolores, según su santoral, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Cuenca le sacaba los colores al obispo de la Diócesis de las Casas Colgadas (que no “colgantes”, como las denominaba la ignorancia cultural de Cospedal), el opusino José María Yanguas Sanz, y le obligaba por sentencia firme a retirar los símbolos franquistas y “joseantonianos” de la facha de la catedral conquense, integrados por una cruz de chapa vetusta, una inscripción de José Antonio Primo de Rivera y tres escudos de la Falange. Cuatro meses después, la cruz continúa en el mismo lugar y visible para todos aquellos que visitan el casco antiguo de Cuenca declarado Patrimonio de la Humanidad.

Un plazo de diez días

Cuatro meses en los que el Obispado no ha puesto fecha para retirar el yugo y las flechas, a pesar de que la sentencia le obligaba a quitar estos ilegales símbolos franquistas de la calle Obispo Valero de la ciudad, condenando a la Diócesis a pagar, además, las obras de la retirada de la cruz. Y no sólo eso, en una segunda resolución judicial, de 26 de octubre de 2017, se dictaba remitir a la administración demandada certificación literal de dicha sentencia para que en el plazo de diez días, a contar desde su recepción, la llevara a efecto. El Obispado de Cuenca hizo público en su momento su compromiso de acatar la sentencia, pero con ciertos matices y esperando a que el Ayuntamiento llevara a cabo “los trámites prescritos por el magistrado”, recordando que dichos símbolos “no fueron colocados ni por el Obispado de Cuenca ni por el Cabildo catedralicio”.

Sin embargo, olvidaba mencionar que desde la entrada en vigor de la Memoria Histórica, el Obispado se ha negado sistemáticamente a la retirada de esta cruz, todavía hoy en la fachada de la seo, contando, como no podía ser de otra forma, con el asentimiento del gobierno municipal del PP, cuyo partido siempre se mantuvo al lado de los postulados eclesiásticos.

Visto bueno de la JCCM

Los “trámites prescritos por el magistrado” en la sentencia a los que alude la Iglesia conquense, no son otros que la autorización de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Castilla-La Mancha al tratarse la catedral de un edificio Bien de Interés Cultural (BIC). Pues bien, esos “trámites” fueron autorizados por parte de la Comisión de Patrimonio el 20 de noviembre de 2017, una fecha, si se quiere ver con cierta carga simbólica (ese día murieron José Antonio Primo de Rivera –1936-- y Francisco Franco –1975--). Documento que el prelado Yanguas Sanz tiene en su poder desde hace dos meses y que lo supedita al expediente de rehabilitación de las capillas del Pilar, Apóstoles y Obispo, por lo que la Catedral debe avisar del comienzo de los trabajos para que Patrimonio haga el seguimiento oportuno.

Obstáculos y zancadillas

A nadie se le escapa que el obispo del Opus se siente cómodo con los ignominiosos símbolos franquistas, de otra forma ya los hubiera retirado, poniendo numerosas trabas y zancadillas legales para demorar las obras que anulen de una vez por todas estas huellas ilegales de una época que sonroja a este país y que algunos, sin embargo, reivindican o consienten. De ahí que desde Ciudadanos por la República  lamenten el retraso en cumplir la sentencia y piden a la Junta que desvincule el informe favorable a las obras de otras capillas “porque esto puede suponer que se demore aún más”, asegura el portavoz de esta asociación, Rafael Priego, en declaraciones a Las Noticias de Cuenca.

Todos contra los símbolos, menos el PP

Y para liar más todavía el asunto, la Diócesis se pregunta si debe retirar sólo las inscripciones fascistas pero dejando la cruz en el lugar por tratarse de un símbolo cristiano, cuando en su comunicado aseguraban que la Iglesia no había colocado ese “monumento” a los falangistas. Sea como sea, el caso es que PSOE, IU y Ciudadanos secundan la retirada, como quedó recogida en la moción conjunta presentada por los tres partidos y que, lógicamente, contó con los votos en contra del Partido Popular presidido por María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha.