A la tercera va la vencida. Tras posponerse dos veces, este jueves ha comenzado en la ciudad de la Justicia de Valencia el juicio por el caso Erial contra el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, para quien el fiscal Anticorrupción le pide 19 años de prisión por el presunto amaño de contratos públicos de los que habría cobrado suculentas mordidas. El juicio ha comenzado con el abogado de Zaplana, Daniel Campos, insistiendo en que la competencia de esta causa era de la Audiencia Nacional. "No tenemos ninguna razón para salir huyendo a la Audiencia Nacional, a un tribunal más duro o duro, pero el juez predeterminado por la ley es una garantía y debe respetarse. Solicitamos que el enjuiciamiento se haga en la Audiencia Nacional". Sin embargo, el magistrado presidente Pedro Castellano ha rechazado la solicitud, dando así la razón al fiscal.

"El juez ordinario es una garantía. Siempre hemos considerado que los hechos son competencia de la Audiencia Nacional porque los hechos se cometieron en el extranjero. Tenemos que saber qué delitos se le acusa y dónde se han cometido y cuál lleva mayor pena. En Koldo si leemos lo que dice el fiscal se explica que los delitos de blanqueo se cometieron también en Brasil lo que conlleva la competencia de la Audiencia Nacional. Cuando hay blanqueo la competencia es de la Nacional y si no se hace así, como dice la sentencia de Emarsa, no se cumple el derecho al juez predeterminado", ha explicado Campos a los magistrados.

Además, Campos también ha dicho que, "el cohecho, según el fiscal, de acuerdo con el plan trazado, las sociedades transfieren a Luxemburgo las comisiones. Es el fiscal el que narra cómo se ha producido el pago de dádivas supuestamente pactadas. Esto sucede en Luxemburgo, no en Valencia, Alicante o Madrid. Y lo dice apoyado en multitud de atestados de la Guardia Civil. La conclusión es que como dice la Guardia Civil el delito de cohecho se materializó en Luxemburgo, término que también utilizó la juez de instrucción. La competencia la delimita donde se comete el delito, no donde la empresa tenga la sede social".

Ante esto, el fiscal Pablo Ponce ha respondido: "La competencia debe ser restrictiva, se ha convertido en una especie de juzgado de guardia, lo dicen diferentes sentencias del Supremo. Ha de primar la territorialidad de donde se ha cometido el delito. El delito se ha cometido aquí con independencia de dónde se traslade el dinero. además, Paesa y Belhot no están acusados, pero además, el dinero retorna a España".

Vulneración de derechos

El abogado también ha asegurado que "se han vulnerado los derechos fundamentales de los procesados. Esos documentos -los que lo incriminaban- son de 2008 y 2009, muy posteriores a la venta del señor Zaplana del piso donde vivió, pero qué más da, había que hablar de él y relacionarlo con los papeles. Nos parece aberrante que se pueda registrar un desapacho (igual que no se puede intervenir los teléfonos) para incautarse los documentos de una defensa. Hay un juez condenado por interferir el derecho de defensa".

En referencia a la presunta vulneración de derechos, Ponce ha narrado que, “esta cuestión ya fue resuelta en mayo de 2019. Están defendiendo objetos ajenos, por eso nosotros hemos traído a la persona afectada, al abogado. La persona titular de ese domicilio nunca ha dicho que se hayan vulnerado derecho alguno, ni ha dicho que se hayan sustraído documentos. Encontrar casualmente una documentación no es algo anormal, a Zaplana también le encontraron documentación similar. La doctrina del hallazgo casual es perfectamente aplicable, ¿Qué iba a hacer la Guardia Civil? ¿Cerrar los ojos ante un delito?. El juzgado de Instrucción 18 envía el caso al decanato para su reparto y de ahí llega al Juzgado de Instrucción número 8, que abre la investigación que ahora ha desembocado en este juicio”.

El presidente de la Sala, ante la petición de nulidad realizada tanto por el letrado de Zaplana como por otros abogados de las defensas, ha dicho: "Habiéndose dictado ya resoluciones solo puede tratar la cuestión de fondo en la sentencia, por lo tanto de momento se rechaza la petición de nulidad por el momento".

Caso Erial

Junto a Zaplana, también se han sentado en el banquillo, los empresarios José y Vicente Cotino; los supuestos testaferros del expresidente Joaquín Barceló y Francisco Grau o el presidente de la mesa de contratación que adjudicó las ITV y jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García.

Los ahora procesados por el Juzgado de Instrucción Número 8 de Valencia están acusados de diversos delitos: prevaricación, malversación, fraude en la contratación, cohecho, delito contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.