La Sala III del Tribubal Supremo ha inadmitido, por falta de legitimación activa, los recursos del partido de ultraderecha Vox contra los reales decretos de nombramiento de Juan Carlos Campo y Laura Díez como magistrados del Tribunal Constitucional. Ambas sentencias cuentan con el voto particular de uno de los cinco magistrados del tribunal, que considera que en este caso sí debió reconocerse legitimación al partido político, aunque sus recursos debieron desestimarse.

Sobre la falta de ligitimidad, dice la Sala que, según recuerda el Abogado del Estado, en el auto de 7 de junio de 2023 que resolvió sus alegaciones previas, "estimamos la relativa a la falta de capacidad procesal de los diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados. Ahora debemos añadir que el partido político Vox no está legitimado para recurrir este nombramiento porque, en contra de lo que afirma la demanda y de lo que opuso la parte recurrente a las alegaciones previas del Abogado del Estado, no le asiste ningún derecho ni interés legítimo que se vea afectado por la eventual estimación del recurso más allá del interés común por un determinado entendimiento de la legalidad".

Los magistrados añaden: "Es reiterada la jurisprudencia de esta Sala que niega la legitimación de los partidos políticos para cuestionar judicialmente actos cuya anulación no les reportaría ninguna ventaja específica ni les evitaría ningún perjuicio concreto distintos del que pudiera obtener o eludir cualquier ciudadano. Y esto es, precisamente, lo que sucede con el nombramiento controvertido".

Mientras que, además, les recriminan: "Es significativo que la demanda se limitara a decir, sin más explicación, que a la parte recurrente le asiste un interés legítimo. Y que en la respuesta a las alegaciones previas del Abogado del Estado y en las conclusiones no ofreciera elementos que singularicen algún interés concreto, específico de Voxx que sustente su imprescindible legitimación. En todo caso, la recurrente no desconoce el criterio de la Sala, no sólo por ser reiterado, sino porque nos ha llevado a inadmitir recientemente sus recursos contra el nombramiento de Fiscal General del Estado y contra reales decretos de indulto". 

Los recursos

Para Voxx, el nombramiento de Laura Díez, es "contrario a la independencia del Tribunal Constitucional e incompatible con la independencia e imparcialidad que debe regir el ejercicio de su mandato. Aquí vuelve a los cargos públicos que ha desempeñado desde 2002 a nivel estatal y autonómico y resalta que los ha ejercido “tomando partido en cuestiones de especial trascendencia para nuestro país”. Insiste en que esos cargos eran de nivel directivo, de alta responsabilidad, muy relevantes desde el punto de vista político y que para ellos se requiere un alto grado de confianza con el proponente.

Eso “pone en evidencia la estrecha relación de la Sra. Díez Bueso con el partido político que gobierna actualmente España, con el que, por otro lado, ha estado vinculada”. Y añadían que “legitimar la adecuación a Derecho de un nombramiento como el de la Sra. Díez Bueso supondría infringir clara y directamente la independencia del Tribunal Constitucional”. 

Sobre Campo afirmaban que: "conoció la tramitación de la práctica totalidad de las normas de las que conoce el Tribunal Constitucional o firmó los indultos a los políticos que fueron condenados por el Tribunal Supremo en el año 2019 por delitos de sedición y malversación de caudales públicos". Y como con Díez, también afirmaban que “legitimar la adecuación a Derecho de un nombramiento como el del Sr. Campo Moreno supondría infringir clara y directamente la independencia del Tribunal Constitucional”.