La última oportunidad para esquivar el banquillo del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, ya tiene fecha: el 19 de septiembre. Ese día los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia se reunirán para deliberar y decidir sobre los recursos de amparo presentados tanto por Zaplana, como por el resto de investigados del caso Erial, que investiga el amaño de contratos de las ITV y del plan eólico de la Comunidad Valenciana, y que han sido procesados por la magistrada instructora.

La decisión de la Audiencia es de capital importancia pues, si resuelven a favor de la juez, tan solo quedará que ésta redacte el auto de apertura de juicio oral, que es irrecurrible, por lo que Zaplana ya no tendría ninguna vía legal para poder evitar ser juzgado. Pero si, por el contrario, ocurre como sucedió con el ‘pitufeo’ del grupo municipal del PP de Valencia, y la Audiencia archiva con un sobreseimiento provisional, dejaría al fiscal Anticorrupción y a la juez atados de manos para poder seguir con el procedimiento. Solo si hicieran un sobreseimiento libre podrían recurrir la decisión.

Zaplana procesado

A principios del mes de junio, la magistrada Isabel Rodríguez emitía su auto de procesamiento en el que aseveraba que, el expresidente valenciano había cobrado mordidas por amañar contratos públicos a favor de las empresas de los hermanos Cotino.

Así, en el auto, la juez decía: "La forma planificada por Eduardo Zaplana era quedar ante todo oculto en la sombra de todo tipo de actividad, con el fin de eludir posibles responsabilidades y dado que era conocido públicamente y su nombre si apareciera, en cualquier tipo de operación, hubiera alertado inmediatamente, y por ello utilizó a sus amigos y conocidos (testaferros) a los que hizo partícipes de los beneficios obtenidos en cantidades mínimas con el fin de conseguir su colaboración y en comparación con las por él obtenidas".

De hecho, sobre el dinero que presuntamente Zaplana habría logrado conseguir de las mordidas, el auto especifica que "el dinero detectado tras la instrucción y obtenido por comisiones ilícitas, y que no ha sido recuperado en su totalidad, ya que parte del mismo fue intervenido por las autoridades andorranas, y otra parte entregado al propio interesado, donde existían cuentas a nombre de Joaquín Barceló como testaferro de Eduardo Zaplana, ascendería a más de 15.000.000 de euros".

Caso Erial

En el caso Erial se investiga el supuesto amaño en la adjudicación de los contratos de las ITV y del Plan Eólico en la Comunitat Valenciana, así como el posterior pago de presuntas comisiones, entre otros, al expresidente Zaplana.

Entre los imputados en esta macrocausa contra la corrupción se encuentran, además de Eduardo Zaplana, los empresarios José y Vicente Cotino; los supuestos testaferros del expresidente Joaquín Barceló y Francisco Grau o el presidente de la mesa de contratación que adjudicó las ITV y jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García.

Los ahora procesados por el Juzgado de Instrucción Número 8 de Valencia están acusados de diversos delitos: prevaricación, malversación, fraude en la contratación, cohecho, delito contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.