El año 2023 marcará un antes y un después en la corrupción política asociada a la Comunidad Valenciana. En 2023, tres de los cuatro presidentes de la comunidad que ha tenido el Partido Popular se sentarán en el banquillo acusados de diferentes delitos de corrupción. Los agraciados son Eduardo Zaplana y José Luis Olivas que irán a juicio dentro del caso Erial, y Francisco Camps que hará lo propio, pero dentro de una de las piezas del caso Gürtel. De hecho, solo un presidente del PP está limpio de corrupción: Alberto Fabra.

Por ahora, el único que tiene seguro el día que deberá enfrentarse a la Justicia es Camps. La Audiencia Nacional ha convocado la primera sesión del juicio para el 17 de enero de 2023. Las fuentes consultadas explican que el caso Erial también llegará a juicio ese año, ya que todavía hay que resolver recursos y, posteriormente, buscar fecha para las sesiones.

El juicio en el que se sentará en el banquillo Francisco Camps juzgará los contratos menores de 12.000 euros que fueron adjudicados a las empresas del cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, desde cuatro consellerias y cinco empresas públicas entre los años 2004 y 2009, por valor de más de 1,8 millones, cuando la Generalitat valenciana estaba dirigida por Camps.

La Fiscalía Anticorrupción acusa al expresidente valenciano de prevaricación administrativa y fraude a la administración por el único contrato investigado en esta causa que no había prescrito en 2018 cuando se decidió reabrir el procedimiento tras las declaraciones en otro juicio de Gürtel, el de la financiación en B del PP de Valencia. De hecho, fue la declaración del exsecretario general del PP, Ricardo Costa, lo que llevo al juez instructor a reabrir la causa y, posteriormente, procesar a Francisco Camps.

Zaplana y Olivas

La investigación que llevará ante la Justicia a Eduardo Zaplana y José Luis Olivas es el caso Erial, donde se investiga el amaño de contratos públicos, los de las ITV y los parques eólicos, para el presunto cobro de mordidas millonarias por parte de Zaplana.

De los tres expresidentes supuestamente corruptos, el que peor lo tiene, con mucha diferencia, es Eduardo Zaplana como principal imputado del caso Erial. La magistrada instructora, Isabel Rodríguez, lo acusa de organización criminal, blanqueo, cohecho, prevaricación y falsedad en documento público.

De hecho, la juez es clara en su contundente auto de procesamiento. Rodríguez asegura que, "el dinero detectado tras la instrucción y obtenido por comisiones ilícitas, y que no ha sido recuperado en su totalidad, ya que parte del mismo fue intervenido por las autoridades andorranas y, otra parte entregado al propio interesado, donde existían cuentas a nombre de Joaquín Barceló como testaferro de Eduardo Zaplana, ascendería a más de 15.000.000 de euros".

Por su parte, Olivas no solo habría cobrado una mordida de la familia Cotino sino que, además, fue la persona que aprobó la adjudicación definitiva del plan eólico a esa misma familia.

Los Cotino, dos sobrinos del fallecido exconseller y exdirector general de la Policía, Juan Cotino, fueron los adjudicatarios de los contratos del plan eólico y de las ITV. La investigación habría demostrado que fue precisamente a través de su tío que se pudo sacar el dinero de las supuestas mordidas para Zaplana de España.  

No es la primera vez que estos hermanos se sientan en un banquillo. Y si la historia se repite, no augura nada bueno ni para Zaplana ni para Olivas, ya que en el juicio por la financiación del PPCV, ambos llegaron a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para dejar en una multa el hecho de haber pagado en B dinero al partido que presidía Camps. Así pues, las fuentes consultadas no descartan en absoluto que vuelvan a pactar, lo que supondría un misil a la línea de flotación de la defensa de Eduardo Zaplana.