La magistrada del Juzgado de Instrucción Número 8 de Valencia, Isabel Rodríguez, ha procesado al expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, por el amaño de contratos de las ITV y del plan eólico de la Comunidad Valenciana. Zaplana es el principal imputado en el Caso Erial. Los delitos por los que Zaplana ha sido procesado son organiación criminal, blanqueo, cohecho, prevaricación y falsedad en documento público. Lo más llamativo del auto, al que ha tenido acceso ElPlural.com es que la magistrada deja fuera de la causa a la mujer y a la hija del expresidente.
La otra persona a la que la juez deja a los pies de los caballos es a la secretaria de zaplana, Mitsouko Henríquez, a la que le imputa organización criminal, blanqueo y falsedad. En cuanto al jefe de Gabinete, Juan Francisco García, le mete el 'pack' completo, lo mismo que a Zaplana, ya que fue la persona que estuvo en una de las mesas de centratación que otorgó los contratos.
Explica en su auto la juez que, "la forma planificada por Eduardo Zaplana era quedar ante todo oculto en la sombra de todo tipo de actividad, con el fin de eludir posibles responsabilidades y dado que era conocido públicamente y su nombre si apareciera, en cualquier tipo de operación, hubiera alertado inmediatamente, y por ello utilizó a sus amigos y conocidos (testaferros) a los que hizo partícipes de los beneficios obtenidos en cantidades mínimas con el fin de conseguir su colaboración y en comparación con las por él obtenidas".
Ingenieros financieros
El auto explica como se movió el dinero de las comisiones. Eduardo Zaplana, según la juez, contrató también los servicios de Fernando Belhot (ingeniero financiero) para que le "administrase el dinero procedente de la actividad delictiva y que oculta en el extranjero, a través de sociedades uruguayas como Misleny SA y Disfey SA a las que llegaron los fondos de Imison Internacional SL, gestionados en su momento por Beatriz Paesa (ingeniera de los Cotino), que fue sustituida por Belhot. Fondos que lo eran de las comisiones delictivas cuya procedencia y origen desconocían los nuevos gestores dado que profesionalmente se dedicaban a gestionar patrimonios. La gestión encomendada por Zaplana a Belhot, se basaba en la confianza, no suscribiéndose ningún tipo de contrato entre las partes, ni conél ni con ningún otro cliente, dándose las órdenes de forma verbal para ocultar así al cliente, y manteniendo no sólo reuniones físicas cuando se trasladaba Belhot a España, sino también telefónicas entre ambos, abriéndose cuentas en Suiza por parte de este administrador, pero siendo el dinero de Zaplana".
Así, desde el año 2009 el dinero perteneciente a Zaplana se ingresó en una cuenta del Julius Bär en Suiza, "ingresándose en el año 2013, 7.955.598 de euros, así como otras transferencias desde la sociedad uruguaya, recibiendo dinero en efectivo a través de cambistas, evitando con ello el rastreo del dinero, interviniendo su secretaria en la recepción de ese dinero por ese sistema, por una cantidad de 2.300.000 euros".
Además de la entrada en efectivo, según el auto, Zaplana utilizó a dos testaferros, Grau y Barceló, para que constaran en las presuntas empresas fantasmas Med Levante SL, Gesdesarrollos, Costera del Glorio y Turnis Silvatica, "creadas para la finalidad de ocultación y transformación del metálico procedente de los sobornos".
Los hechos
Según el auto, la conducta de los investigados, "partiendo siempre de conductas presuntas", dirigidos por Eduardo Zaplana, lo formaban un grupo cercano al mismo, "por vínculos de amistad, como en el caso de Joaquín Miguel Barceló,o por haber tenido relación con ellos por la posición política que ostentó y las relaciones que tuvo desde su cargo público, y ello con el fin de poder obtener ganancias ilícitas". La juez sigue diciendo que, lo hicieron "ayudándose en la consecución de este fin, de Francisco Grau, Juan Francisco García, su secretaria, Joaquín Miguel Barceló, así como otros, y especialmente con parte de los empresarios que formaban el grupo Sedesa Vicente Cotino y José Cotino, y el ya fallecido Juan Gabriel Cotino, y haciendo especial uso los antes mencionados de sociedades como Adeses Capital".
Sobre las ITV, dice el auto que se hicieron "concursos a la carta" para que las empresas interesadas, las de los Cotino, "previa estipulación de comisión, se hicieran con dichas adjudicaciones". Juan Francisco García, amigo de Eduardo Zaplana y Jefe de su Gabinete, además de ostentar otros cargos públicos, "colaboró de forma directa con estos hechos". Sobre las tres zonas que se adjudicaron existe un correo entre Zaplana y Juan Cotino en el que se hablaba de lo "gestionado con Endesa en relación a las zonas de los Parques Eólicos, hablándose también de ls ITVs a las que se presentarían con una sociedad que iba a ser constituida y que lo fue "Valenciana de Revisiones SL" así como de sociedades en el extranjero, a donde se haría llegar el dinero procedente de las comisiones obtenidas".
En cuanto al dinero que presuntamente Zaplana ha conseguido de las mordidas, el auto especifica que "el dinero detectado tras la instrucción y obtenido por comisiones ilícitas, y que no ha sido recuperado en su totalidad, ya que parte del mismo fue intervenido por las autoridades andorranas, y otra parte entregado al propio interesado, donde existían cuentas a nombre de Joaquín Barcelo como testaferro de Eduardo Zaplana, ascendería a más de 15.000.000 de euros".
