El Tribunal Supremo no ha admitido el recurso presentado por Indra contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid después de que éste declarara improcedente el despido del entonces director del mercado de procesos electorales, Jesús Vicente Gil Ortega -imputado en el caso Púnica-.

La compañía procedió al despido disciplinario en el año 2017 tras atribuirle la responsabilidad de un contrato sobre vuelos para transportar material con motivo de la celebración de elecciones en Angola en el año 2012.

Todo apunta a que una empresa intermediaria había elevado el coste de la operación, tal y como figura en un auto fechado a 12 de diciembre de 2019.

En dicho auto, el Supremo señala que no encuentra ninguna prueba que demuestre que Gil Ortega haya ocultado documentación o protagonizara una compleja operación, por lo que concluyó que el despido era improcedente. En este sentido, fuentes de Indra han confirmado que indemnizarán al afectado.

Cabe destacar que, entonces, la cúpula de la multinacional era distinta a la actual. La operación de Gil Ortega se desarrolló en 2012, y en 2015 se renovó toda la dirección de Indra. Fue en 2017 cuando se detectaron lo que consideraban irregularidades, concretamente, pocos meses después de la ejecución del despido.

En la documentación remitida al juzgado, Indra ha hecho especial hincapié en que desde el año 2015, con el relevo del equipo de dirección, han trabajado en reforzar el sistema de prevención de la comisión de ilícitos por parte de sus administradores y empleados.

Se ha revisado, profundizado y fortalecido el Código Ético y de Cumplimiento y el Modelo de Prevención Penal. Con respecto a este documento, cabe subrayar que se mejora de manera permanente. Además, se ha dotado de mayor independencia y medios a la Unidad de Cumplimiento y a la función de Auditoría Interna; se han adoptado medidas sancionatorias y disciplinarias cuando se ha detectado alguna actuación irregular; y se realiza un seguimiento continuo por parte de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y el Consejo de Administración en esta materia.

Indra defiende, por tanto, que se están llevando a cabo exhaustivos controles de la legalidad de las actuaciones de todo su personal, así como la consecuente depuración de responsabilidades.

Con respecto a la implicación en Púnica de Gil Ortega, Indra insiste en que han colaborado estrechamente con la justicia, aportando toda la documentación solicitada, así como otra remitida motu proprio. Por último, destacan que se han realizado rigurosas investigaciones internas por parte de la Unidad de Cumplimiento a fin y efecto de esclarecer los hechos.