La financiación ilegal de Vox a través de un banco húngaro continúa siendo una cuestión de calado en el ámbito judicial. Y es que este viernes el Tribunal de Cuentas ha vuelto a insistir en que esta entidad bancaria que el partido de Santiago Abascal utilizó para impulsar sus campañas electorales está vulnerando su obligación de enviar información detallada de estas operaciones para certificar que opera según los marcos legales.
El tribunal recoge en su informe de las elecciones europeas de junio de 2024 que Vox, en aras de financiar sus gastos electorales, recibió un crédito de siete millones de euros -en detalle, 6.594.956 euros tras la retención de 405.044 euros como depósito- por parte de MBH Bank Nyrt.
De la misma manera, y según reza en la Ley de Régimen Electoral General (LOREG) en su artículo 133.3, el banco húngaro tenía que enviar al tribunal “noticias detalladas” del crédito entre un plazo de 100 a 125 días como máximo de manera posterior a la cita en las urnas europeas. Un requerimiento que no cumplió.
Debido a que el banco húngaro no ha facilitado aún la información requerida según la legalidad española, el Tribunal de Cuentas ha advertido este viernes de que “no ha sido posible acreditar si la entidad financiera se encuentra participada o no de forma directa o indirecta por Gobiernos y órganos, entidades o empresas públicas extranjeras”. Cabe recordar que el banco MBH está vinculado al primer ministro húngaro, Víktor Orbán, quien es un socio estrecho del partido de Abascal en Europa.
Contra la ley de financiación de partidos
La financiación de Vox en clave electoral ha traído desde los últimos tiempos un arduo debate, con las consiguientes críticas, en el ámbito político. Y es que la Ley de Financiación de Partidos Políticos en España prohíbe expresamente aceptar “ninguna forma de financiación por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos", tal y como suscribe su artículo 7.2.
Esta misma premisa ya la recogió a su vez el informe de fiscalización de la campaña electoral de las generales de julio de 2023, en la que Vox declaró haber empleado seis millones de euros de un crédito de 6,5 millones de euros concertado por este banco húngaro.
Asimismo, el pasado 30 de abril el Tribunal de Cuentas sancionó a Vox con una multa de 862.496 euros por una infracción “muy grave” precisamente en la ley de financiación de partidos al haber recibido donaciones sin haber salvaguardado los requisitos de legalidad entre 2018 a 2020, cuando se apuntaron más de 330.000 euros que el partido de Abascal recibió en cajeros automáticos como “actividades promocionales”-
En defensa de estas operaciones en el extranjero, el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha defendido este viernes que funcionaron de esta manera debido a que las entidades españolas les ponen dificultades: “Vox ha de recurrir a ese banco porque los bancos españoles, mientras que sí financian al PP o al PSOE, a Vox encuentran grandísimas reticencias y grandísimos frenos para financiarle", ha defendido, remarcando que la entidad bancaria es “ordinaria de la UE” y que la contratación de Vox “está perfectamente prevista en la legislación”.
Pese a este escenario, también reiterar que la pasada semana la Fiscalía Anticorrupción archivó la causa contra Vox por esta financiación irregular al considerar que la cuantía “fue íntegramente amortizado por Vox en septiembre de 2024”, rechazando “donación” alguna.
