Las tres Kitchen del ‘informe Morocho’: así jerarquizó la UDEF las patas de la trama que sitió a Bárcenas

La semana se presenta incandescente en términos de actualidad en la Audiencia Nacional. El lunes, el comisario Manuel Morocho, uno de los hombres clave en las investigaciones sobre la caja B del Partido Popular y la trama Kitchen, declara como testigo ante el tribunal días antes de que Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y Luis Bárcenas hagan lo propio. La agenda procesal del caso devuelve al primer plano un informe de la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal) especialmente incómodo para el expresidente y la cúpula de su Gobierno. No porque descubra de cero lo que ya se intuía, sino porque jerarquiza, sistematiza y le da una arquitectura a todo el aparato desarrollado en las cloacas del Estado. El inspector rechazaba en dicho documento la idea de Kitchen como una operación deslavazada o un cúmulo de excesos policiales, sino que funcionaba como un engranaje bien engrasado con tiempos, objetivos, mandos, financiación y líneas de actuación.

El informe en cuestión, fechado el 20 de julio de 2021 y remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5, escudriña las declaraciones de Enrique García Castaño en sede judicial y las cruza con documentos desclasificados, publicaciones periodísticas y otros materiales que entonces ya estaban incorporados a la causa. En el texto dedica una serie de apartados específicos al elemento temporal, al subjetivo, a la estructura, objetivos, desarrollo del operativo, financiación, actuaciones de cobertura y hasta contempla un episodio íntegro del “falso cura” que asaltó la vivienda de los Bárcenas. Dicho de otro modo, expone la trama como un operativo con lógica interna. Pero lo mollar de las 114 páginas que componen el escrito pasa por la tesis de las tres capas de la trama que convergen en el mismo objetivo. 

Las tres Kitchen

Si bien la expresión nace de la boca de García Castaño en una de sus declaraciones, la tesis la acuña y la desarrolla en el informe Morocho, dotándola de un esquema analítico y pormenorizado. Según consta en el escrito, la estructura de actuación se cimentaba “indiciariamente” por tres entornos o estratos distintos que funcionaban a modo de círculos concéntricos. El primero de ellos se sitúa en la capa más alta: la pata política. Sobre él pivota el entorno del Partido Popular, a quien el informe atribuye la capacidad de coadyuvar a la definición de los objetivos estratégicos y a la propia puesta en marcha del operativo.

En el segundo nivel actuaba el poder ejecutivo. Es decir, en las cañerías del Ministerio del Interior que entonces capitaneaba uno de los acusados, Jorge Fernández Díaz, junto al secretario de Estado del ramo, Francisco Martínez. Esta, según refleja Morocho en su informe, era la instancia encargada de transmitir órdenes y de activar recursos materiales y financieros. En este punto se sitúa a Andrés Gómez Gordo por su capacidad de influencia y su conexión con el entorno de María Dolores de Cospedal. El tercer y último engranaje, más en las profundidades del Estado, corresponde al ámbito policial, que sería el ejecutor sobre el terreno de las actuaciones concretas para conseguir los objetivos marcados. Villarejo encabezaría este engranaje, operando con una red propia de interlocución e incluso con un intermediario hacia Rajoy.

La esquematización no responde a una mera conjetura teórica, dado que Morocho recoge en el informe, citando palabras textuales de García Castaño, que este último percibía hasta “tres personas y que cada uno íbamos por un lado diferente”. Lo cual conduce a una de las claves sobre las que orbita el informe, que no presenta los estratos como compartimentos estanco, sino que la UDEF estimaba que estaban interrelacionados entre sí a través de canales formales e informales. Un doble circuito de información dentro del Ministerio del Interior y otro de carácter puramente político. Ahí es donde la trama se aleja de la concepción de una operación policial irregular.

El botín real

Todo este engranaje giraba al compás con el objetivo de alcanzar la meta final, que en absoluto era la búsqueda del patrimonio de Luis Bárcenas. En todo caso, según las pesquisas de la UDEF, el fin estratégico incluía apoderarse de documentos en poder de Bárcenas que afectaran a cargos públicos o responsables políticos del Partido Popular y así evitar que esa información llegara al juez.

En ese punto aparecen una y otra vez los discos duros, las grabaciones y la documentación ligada a la financiación opaca del partido. El informe recoge que a García Castaño se le trasladó desde Interior que lo importante era averiguar si Bárcenas se había llevado soportes de la sede del PP con información sobre donaciones, sobresueldos y pagos en B. Y también subraya el papel de Gómez Gordo, presentado como la persona que llega a la DAO ofreciendo dos cosas: la colaboración del chófer Sergio Ríos y la información de que los discos duros no se habían destruido y los tenía el extesorero.

No es una cuestión menor. El informe coloca ahí el nervio político de Kitchen. No se trataba solo de vigilar a Bárcenas o seguir sus movimientos, sino de intentar localizar material susceptible de agravar el agujero judicial y reputacional del PP. De hecho, el documento rescata la relevancia de las anotaciones manuscritas de Rosalía Iglesias y del material que la UDEF ya había venido relacionando con la caja B y con las actuaciones para protegerse de la investigación judicial.