La Ley de Amnistía se hace hueco a codazos para volver a acaparar el foco de la actualidad. Según apuntan diversos medios de comunicación, el Tribunal Constitucional se prepara para avalar el grueso del texto que condona los delitos a los encausados por el proceso independentista catalán de 2017 en adelante. Pese a que estimará de manera parcial el recurso presentado por el Partido Popular, la Corte de Garantías avalará el grueso del articulado, que cumple un año desde su promulgación. Así, se espera que a medio día, los magistrados tendrán en sus manos la ponencia de la sentencia que ha redactado su vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, en colaboración con dos letrados del órgano de garantías.
El Tribunal Supremo no contempla modificar su posición sobre los líderes del procés, ni siquiera si el Tribunal Constitucional valida la ley de amnistía. Así lo aseguran fuentes jurídicas consultadas, que anticipan que, pese a un posible aval del TC a la norma impulsada por el Gobierno, las órdenes nacionales de detención contra Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig seguirán vigentes. Del mismo modo, se mantendrían las penas de inhabilitación que pesan sobre Oriol Junqueras y otros condenados, algunas de las cuales se extienden hasta 2031.
La clave de esta resistencia radica en la interpretación que el propio Supremo ha hecho del delito de malversación vinculado al 1-O. Aunque la ponencia que prepara la magistrada Inmaculada Montalbán en el Constitucional no entra directamente a valorar este tipo penal, el Supremo considera que los hechos asociados al procés no son susceptibles de ser amnistiados, al menos en lo que concierne a la malversación. Según su doctrina, los dirigentes independentistas no actuaron por una causa estrictamente política o colectiva, sino que persiguieron un beneficio personal o partidista, financiando el referéndum ilegal con fondos públicos, lo que supone una de las excepciones explícitas previstas por la ley para excluir determinados delitos de su aplicación.
Pero hay más. El Alto Tribunal también ha sostenido en varios autos que el desafío soberanista afectó negativamente a los intereses económicos y financieros de la Unión Europea, otra de las exclusiones que contempla la ley de amnistía. Desde esta perspectiva, la proclamación de una hipotética Cataluña independiente habría debilitado los ingresos del bloque comunitario, razón suficiente, a juicio del Supremo, para dejar fuera de la amnistía a sus principales impulsores.
Este planteamiento ha llevado a los magistrados del Supremo a observar con relativa tranquilidad el desarrollo de los trabajos en el Tribunal Constitucional. Su expectativa es que, incluso si se valida la constitucionalidad de la ley, ellos seguirán teniendo margen para negarse a aplicarla en casos concretos gracias a su propia interpretación jurídica.
Mientras tanto, el Supremo ha evitado recurrir directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en los procedimientos que afectan a Puigdemont, Junqueras o el resto de líderes del procés. Sin embargo, en varias resoluciones ya ha dejado abierta la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial en el momento oportuno, como vía para defender su interpretación frente a un eventual fallo del TC favorable a la amnistía. Este movimiento replicaría la estrategia ya utilizada por otros tribunales españoles, como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en un caso distinto, o la Audiencia de Sevilla con el escándalo de los ERE.
Resolución prevista para finales de junio
Por ahora, el Supremo ha acudido al TC para cuestionar la norma por un caso de desórdenes públicos, no directamente relacionado con el procés. Otros órganos judiciales, como la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o el Tribunal de Cuentas, también están pendientes de las decisiones que tome el TJUE.
La primera gran sentencia del TC sobre la amnistía está programada para finales de junio. La ponencia de la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán, será repartida este lunes entre los magistrados para su análisis. El debate comenzará formalmente en el pleno del 10 de junio, aunque la decisión final se espera en el siguiente, que arranca el día 24.
En esa sesión se abordarán también las peticiones de paralización de la sentencia presentadas por el Partido Popular, el Senado y tres magistrados del sector conservador del TC - Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel -, quienes reclaman frenar el procedimiento hasta que Luxemburgo resuelva las cuestiones prejudiciales pendientes. Sin embargo, el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ya ha rechazado esta posibilidad, subrayando que la función del tribunal no depende de otros órganos jurisdiccionales europeos.
El PP ha dado un paso más al pedir que Conde-Pumpido se abstenga en el caso, alegando que debería aplicarse el mismo criterio que dejó fuera del debate al magistrado conservador José María Macías, quien había opinado públicamente sobre la ley de amnistía siendo vocal del Consejo General del Poder Judicial. Argumentan que la esposa de Conde-Pumpido también fue vocal de ese mismo órgano.
Fuentes del sector progresista del Constitucional ven estas maniobras como intentos dilatorios sin base jurídica y prevén que el pleno rechazará todas las recusaciones para allanar el camino a la sentencia. La mayoría conservadora, por su parte, asume que no tendrá fuerza suficiente para frenar el proceso.
Tras esta primera resolución, el TC bajará el ritmo y no retomará el análisis del resto de recursos hasta después del verano. Entre ellos, se encuentran los presentados por gobiernos autonómicos del PP, el de Emiliano García-Page y varios órganos judiciales, como el Supremo, e. Las fuentes consultadas indican que el tribunal seguirá resolviendo asuntos vinculados a la amnistía hasta, al menos, 2026.
