El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado este lunes la condena a 19 meses de prisión impuesta a la que fuera portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra. La exparlamentaria madrileña fue penada por un delito de atentado, lesiones y daños durante los altercados en el barrio de Lavapiés en pleno desahuicio en el año 2014. 

 

A través de una sentencia, los magistrados del Alto Tribunal han desestimado el recurso de casación interpuesto por la defensa de Serra contra la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en abril del 2020. 

 

El pasado 8 de junio, la exportavoz morada en la Cámara regional no recogió su acta de diputada al constituirse la Asamblea tras los comicios del 4 de mayo ante la posibilidad de que el Supremo ratificara la pena. 

 

 

Durante la vista pública, la Fiscalía del Supremo solicitó al tribunal que se confirmara íntregramente la resolución al considerar los hechos probados. La defensa de Serra calificó de "arbitraria" la sentencia por vulnerar su derecho la presunción de inocencia. 

La exportavoz de Unidas Podemos fue condenada a 19 meses de prisión por un delito de atentado, a una multa de 4 meses por un delito leve de lesiones y a otra multa de otros 4 meses por un delito de daños, si bien fue absuelta de un delito de desórdenes públicos. 

En su momento, los magistrados del TSJM arguyeron que la libertad de expresión tiene "límites y no puede amparar comportamientos ilegales". La defensa de Serra, por su parte, censuró que "los hechos probados de la sentencia se sustenten exclusivamente en la declaración de algunos agentes de policía, que sostienen una versión de lo ocurrido contraria a la de la acusada y otros testigos". 

En el juicio, la entonces diputada regional afirmó que solo podía entender las acusaciones "en el sentido político" al estar en contra de los duros insultos que la Policía le atribuía. Frente a su postura, la fiscal mantuvo su solicitud de 23 meses de prisión al considerar acreditado que participó en los altercados.

"Fue cruel con la Policía", aseveró entonces la representante del Ministerio Fiscal. Para sustentar su acusación, se basó en el testimonio de los agentes de la Policía Municipal de Madrid que situaron a la diputada regional como una "de las cabecillas" de los disturbios.