El que fuera ministro de Transportes y exdiputado del PSOE, José Luis Ábalos, ha presentó un recurso en el Tribunal Supremo contra la decisión de la Mesa de negarle la indemnización. Este miércoles, la Sala Tercera del Alto Tribunal ha admitido ese recurso a trámite el recurso contra la resolución del 10 de marzo de 2026 del Congreso que desestima el recurso interpuesto frente al acuerdo de la Mesa del pasado 10 de febrero de 2026.

El Congreso rechazó la indemnización a Ábalos al considerarla "incompatible" con la pensión por jubilación. Los servicios jurídicos de la Cámara alegaron que ambas retribuciones son "incompatibles" y, por tanto, negaron la indemnización solicitada por Ábalos cuando entregó el acta en enero.

Los servicios jurídicos

La decisión de denegar la indemnización se tomó basándose en un informe de los servicios jurídicos de la Cámara. según expresaron esos servicios jurídicos del Congreso, “la indemnización por cese tiene como objetivo evitar las dificultades que puede conllevar la vuelta, por parte de los parlamentarios, a la ocupación previa a la dedicación a la actividad política, especialmente como consecuencia de la carencia de cobertura por desempleo que afecta a quien desempeña el mandato parlamentario”.

Por esta razón, y según agregaban en su decisión, la indemnización que solicitaba Ábalos resulta “incompatible” con “cualquier otro ingreso”, entre los que figura el de pensión por jubilación. “Ambas retribuciones (indemnización y pensión) son incompatibles y su combinación contraria a la finalidad expresada por el Reglamento de pensiones parlamentarias”, agregan.

De esta forma, recordaban que “los acuerdos de suspensión de Diputados adoptados hasta el momento abarcaban la totalidad de los derechos, prerrogativas y beneficios propios de la condición de Diputado, sin que parezca razonable entender que la pérdida del acta suponga la recuperación de derechos que no existían con anterioridad”.

La renuncia al escaño de Ábalos

El pasado 28 de enero el exministro de Transportes presentaba su renuncia al acta en la Cámara Baja después de que el Tribunal Supremo resolviera su recurso de apelación contra el auto de prisión dictado en el marco de la causa judicial que le afecta. De esta forma, Ábalos justificaba su salida del Parlamento en el respeto a los procedimientos legales como “pilar fundamental del Estado de Derecho”, así como en la necesidad de preservar garantías como la presunción de inocencia, la separación de poderes y la tutela judicial efectiva “sin arbitrariedades”.

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