“Tampoco se abstuvo la Fiscal General del Estado de la deliberación, votación y propuesta de las plazas a cubrir en la Fiscalía Anticorrupción a las que legítimamente opté a pesar de concurrir en ella un interés personal y directo en las DP nº 96/17”. De esta manera señala el fiscal Ignacio Stampa a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y a su relación “personal” con el ahora abogado Baltasar Garzón en su reclamación de “responsabilidad patrimonial” al Ministerio de Justicia de Pilar Llop, al que ha tenido acceso ElPlural.com.

El exfiscal de Anticorrupción, Ignacio Stampa, se ocupaba del caso Villarejo desde 2017, hasta que fue investigado por una presunta revelación de secretos a Podemos y el Consejo Fiscal impidió que se hiciese con una plaza en el órgano de investigación.

Stampa ha reclamado ahora una indemnización al Ministerio de Justicia porque asegura que fue Dolores Delgado quien torpedeó su intención de obtener una plaza fija en Anticorrupción. Según su reclamación, a la que ha tenido acceso este periódico, Delgado tendría que haberse abstenido en el proceso de adjudicación de su plaza porque “concurrir en ella un interés personal y directo en las DP nº 96/17, cuyo despacho correspondía a esa fiscalía especial y quien suscribe tenía encomendado, por los siguientes elementos concurrentes”.

Es entonces cuando Stampa hace mención a que “en la pieza separada nº4 de dicho procedimiento hay anotaciones de los principales investigados sobre una eventual participación de la propia Fiscal General del Estado en su etapa como fiscal de la Audiencia Nacional”.  El rompecabezas de códigos judiciales tiene una explicación: la DP nº 96/17 son las diligencias previas del caso Villarejo, que investigaba Stampa, y las anotaciones a la que hace referencia son las grabaciones que el polémico comisario realizó durante una comida con Delgado -cuando era fiscal- y su pareja, el exjuez Baltasar Garzón.

De hecho, Baltasar Garzón llegó a presentar una denuncia contra varios medios de comunicación. En su denuncia, Garzón acusaba no solo a Moncloa.com y El Confidencial por sus publicaciones sobre las grabaciones de Villarejo, sino también “la concurrencia de uno o varios delitos de infidelidad de custodia de documentos, revelación de secretos por funcionarios públicos y/o obstrucción a la Justicia, previstos en los artículos 417 y 466 del Código Penal". Pero en su denuncia, Garzón excluía de culpa al magistrado de la causa y a los funcionarios del juzgado, y apuntaba a los dos fiscales del caso al señalar que a las informaciones bajo secreto de sumario solo tenían acceso “la comisión policial y el Ministerio Fiscal”.

Tras aquellas actuaciones, ninguno de los miembros del Consejo Fiscal apoyó la petición de Stampa de hacerse con una plaza fija en la Fiscalía Anticorrupción el 27 de octubre de 2020. Una de las causas fue que no se les avisó de que la Fiscalía Superior de Madrid había pedido el archivo de la investigación contra él. “Aun cuando no fuera preceptivo informar a los vocales de lo anterior, también consta que no fueran informados de que dicho archivo había sido rechazado por la Fiscalía General del Estado, en la primera ocasión para sugerir el 8 de octubre la práctica de más diligencias, pero en la segunda ocasión sin motivo alguno", señala Stampa en su escrito.