El auto del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez ha provocado una reacción poco habitual desde el ámbito policial. El sindicato Jupol ha salido este sábado al paso de la hipótesis recogida por el instructor, que llega a sugerir que los agentes encargados de la seguridad de Presidencia del Gobierno podrían colaborar en una eventual fuga de la esposa de Pedro Sánchez. La organización ha rechazado de plano esa posibilidad y ha calificado la insinuación de “auténtica barbaridad”.

La respuesta llega después de que Peinado acordara la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez y decretara la retirada de su pasaporte, además de prohibirle salir del territorio nacional. En el auto, de 84 páginas, el magistrado fundamenta parte de esa decisión en un supuesto riesgo de fuga y analiza el argumento de la defensa, que había descartado esa posibilidad precisamente porque la esposa del presidente se encuentra acompañada por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Lejos de aceptar ese razonamiento, Peinado desliza en su escrito que esos mismos agentes podrían convertirse en facilitadores de una hipotética huida. Según recoge el auto, “no cabe duda” de que, en un momento determinado, los policías podrían actuar “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos” para colaborar en una fuga. Esa afirmación ha encendido las alarmas en Jupol, que considera que el planteamiento supone poner bajo sospecha a servidores públicos sin base alguna.

En un comunicado difundido a través de redes sociales, el sindicato ha defendido la profesionalidad de los agentes adscritos a la seguridad de Presidencia del Gobierno. Jupol subraya que estos policías cumplen exclusivamente las funciones que les atribuye la ley: proteger y garantizar la seguridad de las autoridades a las que están asignados. La organización insiste en que su actuación se desarrolla con “absoluta profesionalidad, neutralidad” y siempre dentro del marco legal y de las resoluciones judiciales.

La organización policial considera que cuestionar de ese modo a los agentes “carece de fundamento” y supone un “injustificado descrédito” hacia profesionales que, a su juicio, desempeñan una función esencial dentro del Estado. Por ello, ha reclamado una rectificación de las manifestaciones incluidas en el auto, al entender que proyectan una sospecha injusta sobre funcionarios cuya trayectoria está marcada por el respeto a la ley y a las instituciones.

El pronunciamiento de Jupol resulta especialmente significativo porque no procede del entorno político de Begoña Gómez ni del Gobierno, sino de un sindicato policial. Su reacción introduce un nuevo elemento en la polémica generada por el auto de Peinado: la afectación directa a la imagen de los agentes encargados de tareas de protección institucional.

Jupol ha querido dejar claro que los policías destinados a la seguridad de Presidencia no actúan por criterios políticos ni personales, sino por mandato legal. De ahí que el sindicato considere especialmente grave que se plantee, aunque sea como hipótesis, que puedan participar en una conducta dirigida a eludir una decisión judicial. Para la organización, esa insinuación no solo carece de soporte, sino que daña la confianza en servidores públicos que trabajan bajo parámetros de legalidad, disciplina y neutralidad institucional.

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