El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), conformado tras el acuerdo de PSOE y Partido Popular, ha fracasado este lunes, en el que ya es su tercer intento, en sus votaciones para elegir a su presidente después de que se haya concluido sin que ninguno de los siete candidatos que estaban sobre la mesa hayan recabado los apoyos necesarios. El pleno volverá a reunirse el día 19 de agosto.
Fuentes jurídicas han explicado que la reunión de este lunes ha concluido después de que la pasada semana se saldase con una serie de votaciones infructuosas por el empate a 10 entre los dos candidatos que quedaban sobre la mesa, la magistrada Pilar Teso -a propuesta del ala progresista- y el magistrado Pablo Lucas - promovido por los conservadores.
Este lunes, el órgano de gobierno de los jueces ha vuelto al punto de partida. Es decir, se ha reiniciado el proceso de elección con los siete candidatos, todos ellos magistrados del Tribunal Supremo: Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas y Pilar Teso.
La última reunión del Pleno se produjo el pasado miércoles, cuando los vocales se sentaron en la mesa en dos ocasiones distintas para tratar de desencallar la situación. En primera instancia, tanto Teso como Lucas empataron. Tras la reanudación, las posiciones siguieron fijas, por lo que los vocales ni siquiera repitieron la votación.
En el hipotético caso de que ninguno de los aspirantes que se postulan a la presidencia del Poder Judicial logren el respaldo necesario del resto de vocales, todo volverá al punto de partida y se deberán pronunciar de nuevo sobre los siete candidatos iniciales en busca de un acuerdo final.
Primer bloqueo del nuevo CGPJ
Un día antes, el pasado martes, el CGPJ se enfrentó a su primer bloqueo al no haber sido capaz de conseguir la mayoría necesaria de tres quintos -12 votos- para elegir al que será su presidente los próximos cinco años.
La del martes era la primera votación que celebraban los 20 nuevos vocales del órgano desde que tomaron posesión del cargo tras el acuerdo que PP y PSOE alcanzaron el 25 de junio para renovar un CGPJ que tenía el mandato caducado desde diciembre de 2018.
En el Pleno había siete nombres sobre la mesa y tres de ellos partían como favoritos en los primeros contactos entre los vocales del sector conservador y los del ala progresista: Pilar Teso, progresista moderada que ya fue candidata en 2013; Pablo Lucas, progresista moderado propuesto por el sector conservador, encargado del control judicial al CNI; y Ana Ferrer, progresista, que formó parte del tribunal del 'procés'.
Las fuentes consultadas apuntaron que ese martes los vocales votaron varias veces, hasta siete, para ir descartando nombres de la lista de siete candidatos. Finalmente, la votación se redujo a dos: Teso y Lucas. Al momento de medirse entre ellos, cada uno consiguió 10 votos.
Nueva era tras cinco años de bloqueo
Tras cinco años de bloqueo institucional, al no darse un punto de consenso entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el principal partido de la oposición, el PP de Alberto Núñez Feijóo, para renovar al órgano principal de los jueces, fue el pasado 25 de junio cuando, al fin, ambas partes sellaron el ansiado pacto gracias a la mediación de la Comisión Europea.
Fue en Bruselas donde el ministro para la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de parte del Gobierno y del PSOE, firmó junto al enviado por el Partido Popular, el vicesecretario Esteban González Pons, el acuerdo escrito. "Hoy la justicia española es más independiente que ayer, se inicia el camino de una vida alejada de la política e influencia de los políticos", celebró este último durante su comparecencia. Bolaños, por su parte, se mostró en unos términos similares: "Es un acuerdo que pone fin a una anomalía institucional que tenía nuestro país, devuelve la normalidad a un poder del Estado como es el Poder Judicial", añadió.
En este acuerdo, las principales claves se centraron en los nuevos veinte integrantes del CGPJ, diez elegidos por el PSOE y otros diez por el PP, todos ellos con trayectorias más que destacadas y consolidadas en el ámbito judicial, también incluyendo un nuevo modelo de "participación directa" y de la que las decisiones deberían resultar aprobadas por una mayoría reforzada -tres quintos del total-. De la misma manera, también se acordó que el Ejecutivo central no podrá designar al presidente del Tribunal Supremo, dejando esta decisión en la mano, por primera vez, de los vocales.
