La última reunión entre los interlocutores del bloque conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial ha terminado como las anteriores: sin acuerdo para proponer los dos nombres de candidatos para las plazas del Tribunal Constitucional que debe cubrir el Órgano de Gobierno de los jueces. Como única novedad destacable, los progresistas han reducido de nueve a tres los candidatos para el nombre que deben ofrecer.

Es más, explican fuentes presenciales consultadas por ElPlural.com, que “previa deliberación interna, estarían en condiciones de determinar el candidato único”, lo que conllevaría un avance significativo para terminar con el bloqueo que actualmente existe.

Así, desde los conservadores informan que, tras la reunión, “se les ha puesto de manifiesto (a los progresistas) la intensa búsqueda de candidatos llevaba a cabo por nuestro grupo entre miembros del Tribunal Supremo que, no obstante, ha resultado infructuosa, de momento hasta en tres ocasiones”.

En referencia a la visita del comisario de Justicia Europeo Reynders, dicen desde el bloque vinculado al Partido Popular que “es tan reciente que hay que dar tiempo para que rinda, sin duda, los efectos que todos esperamos”. Los vocales conservadores, con Carmen Llombart y José Antonio Ballestero, designados para la negociación por pertenecer al núcleo más duro, han apostillado: “Por último, se han reiterado las posiciones ya mantenidas en reuniones anteriores acerca, entre otros extremos, de la agravación de la precaria situación del Tribunal Supremo, de no mediar antes sentencia del Tribunal Constitucional".

Pero mientras tanto, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, cuyo anuncio de dimisión sigue planeando como una espada de Damocles sobre el consejo, sigue sin prisa pero sin pausa, atrayendo a parte de ese bloque conservador para que, en caso de que no haya acuerdo, puedan sacar adelante los nombramientos con un trasvase de votos que no solo no se descarta, sino que ya ha sucedido con anterioridad.

Es esto último, una posible fuga de votos, lo que realmente preocupa al PP, pues de producirse no habría necesidad de buscar candidatos de consenso, sino que los nombres que presenten desde el bloque progresista podrían salir adelante sin problemas, lo que supondría no solo inclinar la balanza del Tribunal de Garantías hacía un progresismo del que actualmente carece, sino conseguir incluir nombres mucho más a la izquierda de lo que el partido de Alberto Núñez Feijóo quiere y puede permitirse de cara a su electorado.