El PP subvencionó las jornadas jurídicas de OkDiario en las que participaron los abogados de Koldo y Ábalos

El PP financió las II Jornadas Jurídicas de OkDiario celebradas hace apenas una semana, los días 20 y 21 de noviembre, en el Hotel Don Carlos de Marbella. Dos fechas repletas de mesas de debate en las que formaron parte Carlos Bautista, abogado del exministro José Luis Ábalos, y Leticia de la Hoz, letrada de Koldo García Izaguirre.

Dos contrataciones caprichosas que coinciden en tiempo con un cambio en la estrategia de defensa de los dos presuntos delincuentes, condenados a cárcel sin fianza este mismo jueves por su extensa participación en un entramado corrupto en la compraventa de mascarillas durante la pandemia. De hecho, tanto Ábalos como Koldo han tratado de alejar la posibilidad de entrar en Soto del Real (como finalmente decidió el Tribunal Supremo) al estilo Víctor de Aldama, proponiendo una colaboración con la justicia entre ataques a Moncloa que han encontrado repercusión en la derecha mediática.

El propio OkDiario, medio organizador de las jornadas jurídicas, fue quien consiguió en exclusiva una entrevista con Koldo García publicada el mismo día en el que el Alto Tribunal decidió la entrada en prisión del asesor de José Luis Ábalos durante su etapa como ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE.

Una conexión que cobra más relevancia si tenemos en cuánto quiénes fueron los patrocinadores del evento. El propio Inda, en su discurso de agradecimientos, dejó clara la conexión del debate jurídico con el PP a través del ayuntamiento de Marbella, liderado por la alcaldesa Ángeles ‘Titi’ Muñoz -relacionada familiarmente con el narcotráfico imputado a su hijastro-, y la Diputación de Málaga. “Gracias a la Diputación de Málaga, al Ayuntamiento de Marbella, a la Mancomunidad de Municipios, al Hotel Don Carlos y a Martínez-Echevarría”, concluía el director del medio conservador.

ElPlural.com se ha puesto en contacto con Carlos Bautista y Letizia de la Hoz para conocer cuál fue la remuneración por formar parte de estas jornadas jurídicas. Si bien el primero de ellos no ha respondido a la hora de la publicación, la letrada admite que le pagaron el viaje hasta Marbella, aunque reconoció su sorpresa al conocer que fue el Partido Popular quien subvencionó las charlas.

Cambio de estrategia

Con apenas dos días de diferencia, con la amenaza de prisión sobrevolando, Ábalos cambió su estrategia. El exministro inició la semana con un never, never, never como respuesta a la información que El Español publicaba sobre una presunta reunión de Sánchez, con Cerdán y Otegi en 2018 en un caserío para negociar la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero ese ‘no’ que trasladó a la Cadena SER cambió a escasas horas de que el Tribunal Supremo decidiera si lo mandaba o no a prisión – como al fin sucedió -.

48 horas después de la primera negativa, el exministro cambió su estrategia y por primera vez cargaba de manera pública contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Ejecutivo del que, por cierto, formó parte hasta el año 2021. El miércoles por la mañana ya confirió cierta credibilidad – o lo intentó – a la información de El Español. Lo hizo en redes sociales, desde donde también atacaría a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por la tarde. Aseguró entonces que a él le transmitieron algunos presentes que ese encuentro con el líder de EH Bildu sí existió, a pesar de que desde Ferraz lo nieguen por completo.

Tras ello, como reprimenda a unas declaraciones contra su persona, le colocó una diana a quien fuera su compañera en el Consejo de Ministros al insinuar que la vicepresidenta segunda utiliza la vivienda pública para alojar a terceras personas que no tienen derecho a ello. Un ataque furibundo que clarificó un cambio en la estrategia de defensa de Ábalos, que ahora opta por morir matando y que constata con sus últimas palabras y actos antes de ingresar en la prisión de Soto del Real.

Al igual que el que fuera su asesor durante su etapa en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ábalos concedió una entrevista antes de su ingreso en la cárcel. Lo hizo precisamente a OkDiario; medio que también ha publicado un reportaje con Koldo García Izaguirre preparándose para personarse en el centro penitenciario. El ex secretario de Organización socialista, además de sugerir la existencia de la reunión con Otegi y de cargar con dureza contra Díaz, señala ahora al presidente del Gobierno y le acusa haberle filtrado la investigación secreta de la Fiscalía hacia su excolaborador.

Los avisos tanto de Koldo como de Ábalos han generado cierta inquietud entre las filas socialistas; siendo plenamente conscientes del poder que supone la imagen de ambos entrando en prisión. No obstante, rebajan los niveles de tensión y reivindican que el partido actuó en su momento en consecuencia con lo sucedido; convencidos de que ni el exministro ni su asesor tienen nada que pueda comprometerles.

La polémica de los cursos

Sin embargo, este hecho no se trata ni mucho menos de un caso aislado en el que los límites (si es que existen) entre justicia y política se traspasan. Y es que, este mismo martes se conocía que el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), primera entidad en presentar querella contra la Fiscalía en el caso de García Ortíz, contrató a tres jueces Tribunal Supremo para impartir un curso remunerado. Unas jornadas que comenzaron apenas 24 horas después de finalizar el juicio al ya ex fiscal general del Estado.  

Para ser más precisos, los jueces involucrados son Andrés Martínez Arrieta, quien presidió el tribunal encargado de juzgar a García Ortiz; Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral, este último director de la formación y protagonista de una reciente polémica tras ser grabado incitando a incumplir la ley y vulnerar el secreto de sumario.

El curso, titulado Casación y turno especial, arrancó el pasado 14 de noviembre, justo un día después de que el juicio quedara visto para sentencia, y se prolongó hasta el día 25. Las sesiones impartidas por los magistrados del Supremo tuvieron lugar los días 17, 18 y 19 de noviembre, coincidiendo con las deliberaciones internas que concluyeron con la condena al fiscal general - inhabilitado temporalmente de sus funciones y sancionado con una multa de 7.200 euros -. Conviene recordar que fue el propio ICAM quien encabezó la acusación popular y la primera querella presentada contra la Fiscalía en este procedimiento.

El citado curso, necesario para acceder al turno de oficio especializado en casación, incluía ponencias a cargo de miembros del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, del Tribunal Constitucional y de profesionales de la abogacía. Sus organizadores fijaron una remuneración de 90 euros por hora lectiva. Según las cifras disponibles, Andrés Martínez Arrieta impartió dos horas de docencia, con un pago total de 180 euros; mientras que Berdugo y Del Moral ofrecieron cuatro horas cada uno, recibiendo 360 euros. Además, Del Moral percibió 270 euros adicionales por la coordinación del curso, alcanzando un total de 630 euros.

El reparto de sesiones también resulta significativo. Del Moral abrió las ponencias el 17 de noviembre con dos intervenciones de dos horas. Al día siguiente, fue el turno de Martínez Arrieta, ponente de la futura sentencia contra García Ortiz, tras imponerse su criterio frente a la propuesta absolutoria de la magistrada Susana Polo. Finalmente, el 19 de noviembre intervino Berdugo, autor de una sentencia del Constitucional que subraya la necesidad de garantizar la imparcialidad judicial y evitar relaciones indebidas entre jueces y partes implicadas.