La jurisprudencia progresista ha criticado siempre con razones de peso durante estos años instrucciones como la del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez o la condena por revelación de secretos contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en el caso que concierne a Alberto González Amador.
Dos aspectos importantes de ambos procesos han confluido en el tiempo. De un lado, el cierre de instrucción por parte del magistrado que investiga a la mujer de Pedro Sánchez y que deja a la implicada, en última instancia, a un paso del jurado popular.
Olympe Abogados, uno de los despachos de abogados más prestigiosos en el ámbito social, se ha pronunciado de manera muy directa tras conocer la decisión de la persona que lleva el caso de Gómez.
A su juicio, el togado está llevando a cabo una “instrucción dantesca” que “es la prueba más vívida que hemos tenido en muchos años de que la figura del juez instructor es una institución fallida y corruptible como pocas”. “Necesita ser reformada cuanto antes porque por desgracia no es el único que es así”, consideran.
El juez Peinado y su dantesca instrucción es la prueba más vivida que hemos tenido en muchos años de que la figura del juez instructor es una institución fallida y corruptible como pocas. Necesita ser reformada cuanto antes porque por desgracia no es el único que actúa así
— Olympe Abogados (@olympeabogados) April 13, 2026
El juez Juan Carlos Peinado concluía el pasado lunes la instrucción sobre la esposa del responsable del Ejecutivo, a la que procesa finalmente por cuatro delitos en el contexto de la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM): tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida.
Auto del juez Juan Carlos Peinado
En el auto, el titular del juzgado número 41 de Madrid sobresee sin embargo las actuaciones por el delito de intrusismo laboral entendiendo que no hay “más que un indicio endeble, no habiendo indicios plurales y sólidos”.
Asimismo, mantiene el procedimiento contra la asesora de Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez, por los mismos delitos que le imputa a la mujer del presidente; y contra el empresario Juan Carlos Barrabés, en su caso por el de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
De esta manera, el magistrado cierra una instrucción que está cerca de alcanzar los dos años, y lo hace poco antes de su jubilación, que llegará en septiembre.
Desde el pasado lunes, el magistrado concedía cinco días a las partes personadas en la causa para que “insten lo que consideren oportuno respecto de la apertura del juicio oral, formulando el correspondiente escrito de conclusiones provisionales”. Después de todo, la intención última del juez es que Gómez tenga que declarar ante jurado popular.
Cabe recordar que son más de dos años de investigación, y es que la causa judicial que el juez Juan Carlos Peinado abrió contra la mujer del presidente del Gobierno de España sigue extendiéndose desde el año 2024. En estos años, el magistrado ha contemplado de forma continuada de qué manera sus decisiones era anuladas por organismos judiciales superiores que reprochaban la falta de pruebas recabadas y la escasa argumentación para abrir un juicio.
Lo que empezó como una causa que se fue ampliando con querellas de la asociación ultracatólica Hazte Oir o Vox, se ha ido desarrollando a través de una fase de instrucción que ha estado marcada por las polémicas propiciadas por el juez Peinado, quien ha experimentado numerosos reveses en sus intentos por elevar la causa judicial y que, además, ha sido muy criticado porque que sus actuaciones se están entendiendo cargadas de motivaciones políticas. Ahora, parece querer poner el punto y final cuanto antes, dada la proximidad de su jubilación.
En lo que respecta a las asociaciones de abogados, precisamente ElPlural.com tuvo la oportunidad hace unos meses de hablar con el cofundador de Olympe Abogados, Isaac Guijarro, quien dejaba claro que “si te toca un juez Peinado, lo tienes más complicado”. En este caso, la conversación trataba sobre el acoso del agitador Vito Quiles a periodistas, pero da buena cuenta de la opinión que el despacho mantiene sobre el juez.
