Un nuevo error procesal del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, vuelve a dejar en el aire una investigación que señala presuntas irregularidades en un megaparque solar en Cáceres, concretamente, vinculado a la obtención de permisos ambientales de la planta solar Tagus, de Iberdrola, en el municipio cacereño de Alcántara.
La instrucción del caso, que centra el foco de la investigación en el exalto cargo del Ministerio de Transición Ecológica Eugenio Domínguez, recayó en el juez Peinado, después de que la Fiscalía apreciara indicios de delito de prevaricación medioambiental. Sin embargo, según adelanta El País, nuevos errores de procedimiento del magistrado podrían dejar ahora la causa en el aire. El pasado 22 de septiembre, ante el incumplimiento de plazos por parte de Peinado para prorrogar la investigación durante seis meses más, el fiscal de Madrid especializado en medio ambiente, César Estirado, solicitó el “sobreseimiento provisional” de la causa. Pese a que había comunicado meses antes a Peinado que el plazo para pedir la prórroga terminaba en julio de 2025, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ignoró la advertencia.
Ante ello, en un escrito al que ha tenido acceso El País, el fiscal concluye que “solo cabe acordar el sobreseimiento provisional de la causa” al no contar en septiembre con la declaración de “ningún investigado”, algo que tampoco podría llegar ya a materializarse, al no haberse prorrogado la instrucción. Pese a ello, Peinado decretó la prórroga el 17 de octubre -ya fuera de plazo- sin notificarlo a las acusaciones ni a las defensas. Tras ello, fue este 6 de febrero cuando el juez dictó una providencia en la que citaba a declarar como investigados a Domínguez y al cargo por encima de él en el Ministerio, Marta Gómez Palenque para el 20 de febrero.
Como respuesta, la defensa presentó recurso y esta misma semana la Fiscalía se ha adherido a este. Al hilo de ello, conviene también subrayar que este martes 3 de marzo el fiscal informó a Peinado de que “no procede la práctica de diligencia alguna por su inutilidad procesal”, a la vez que “tampoco procede acordar nuevas prórrogas, insistiendo en que solo cabe acordar el sobreseimiento provisional de la causa”.
Presuntos delitos de prevaricación ambiental
En lo relativo al foco de la investigación, a pesar de que en las diligencias no se aprecia indicios de cobro de contraprestaciones, la causa subraya una evaluación presuntamente irregular de los impactos ambientales de la megaplanta Tagus, que derivarían en un delito de prevaricación al haberse concedido la declaración que posibilitó la construcción.
En este orden de cosas, un informe pericial de la Fiscalía General del Estado apreciaba indicios de presunto delito de prevaricación ambiental tanto de Domínguez como de Gómez, actualmente directora general de Calidad y Evaluación Ambiental de la cartera de Transición Ecológica y quien firmó en enero de 2023 la declaración de impacto ambiental. De forma similar, en el informe también se apunta a la posible comisión del mismo delito por parte de los autores del área de sostenibilidad de la Junta de Extremadura que emitieron en junio de 2022 un informe que daba luz verde a la planta, aun contando con afecciones a la Red Natura 2000.
Sin embargo, con este nuevo error de Peinado, la causa podría caer en saco roto. “Al estar vencido el plazo inicial de instrucción, desde el 22 de julio de 2025, no cabe su prórroga, que debe acordarse con anterioridad a la finalización del plazo”, remarcaba el escrito del fiscal. “La inculpación posterior al término de la investigación no resulta constitucionalmente válida en la medida en que se impide que el investigado comparezca como parte en la fase de instrucción y pueda participar en la misma”, añade una reciente sentencio del Tribunal Supremo.
