Moncloa ha remitido al juez Juan Carlos Peinado, encargado de investigar a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, sus correos institucionales. El magistrado ha trasladado la documentación en USB y “sobre cerrado” a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que proceda a su análisis.
Las memorias incluyen comunicaciones desde julio de 2018 y han sido entregadas desde la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Presidencia del Gobierno, para que realice un análisis e informe de contenido, según una providencia con fecha 26 de febrero.
Peinado se interesó por esos mails para, supuestamente, indagar en una presunta malversación por el uso privado de su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, en relación con la gestión de la cátedra que Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
El acceso de los correos fue objeto de recurso por parte de la defensa de la esposa del presidente, y la Audiencia Provincial de Madrid corrigió al magistrado reprochándole que una medida tan gravosa como es esta afecta al secreto de las comunicaciones, no se justificó lo más mínimo.
Sea como fuere, y a pesar de las resistencias iniciales, Presidencia del Gobierno puso a disposición de la justicia los mails, si bien su contenido no se ha trasladado a las partes, sino entregado a la UCO para la realización del preceptivo informe.
La Justicia quitó la razón a Peinado
La Audiencia Provincial de Madrid emitió a finales del año pasado que la decisión del juez de reclamar a la Presidencia del Gobierno todos los correos que Gómez envió y recibió desde verano de 2018 hasta la actualidad no solo no está motivada, sino que incumple “los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad”.
Más concretamente, la Audiencia censuraba el hecho de que Peinado adoptara la medida, en septiembre, mediante una providencia -que no exige justificación- en lugar de utilizar para ello un auto, que sí requiere argumento.
Siete años de correos
El titular del Juzgado 41 de Madrid reclamó siete años de correos electrónicos de la esposa de Sánchez después de imputarle un delito de malversación vinculado a la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, también investigada.
La semilla para este paso la sembró Vox, que se encuentra personado como acusación en el caso, y después de que la Unidad de Tecnologías de la Información y las comunicaciones de la Presidencia del Gobierno confirmara al instructor que la protagonista de estas líneas tiene un correo corporativo desde que su marido llegó al poder.
Tanto la defensa de las imputadas como la Fiscalía recurrieron la petición del juez alegando que no se encontraba motivada. Según el abogado de Gómez, el instructor “obvia” no solo “cualquier tipo de fundamentación jurídica, sino que prescinde de los requisitos más importantes que establece el legislador como forma de garantizar la adecuación a la norma” de una medida que, aseguraba, afecta al secreto de las comunicaciones, un derecho que rige el artículo 18 de la Constitución Española.
Recibió el beneplácito de la Audiencia en tanto en cuanto la decisión del magistrado “no hace mención a ninguno de los requisitos exigidos” en la ley para adoptar una medida que resulta en última instancia invasiva.
La investigación de Peinado en este sentido se sigue centrando en la cátedra de Gómez o el papel que jugó Deloitte, una de las empresas que colaboró en el lanzamiento del software, una herramienta de que, según el juez, se apropió de manera indebida.
La firma fue adjudicataria de dos contratos de un proceso del que también participaron Google, Telefónica o Indra. La defensa de la mujer de Sánchez mantiene que la herramienta se registró siguiendo las directrices que le trasladó la Complutense y que por eso la inscribió a su nombre.
