El inicio de este año 2018 no está siendo muy positivo para el sector de las nuevas tecnologías.

Poco a poco, se van conociendo más novedades sobre la vulnerabilidad de los microprocesadores de fabricantes como Intel o AMD, y sobre las que todavía aletean algunos claroscuros, a tenor de lo que se señala en diferentes foros de especialistas en seguridad informática. A esto hay que añadir la noticia que se acaba de conocer sobre la famosa marca de cámaras deportivas, GoPro, y su intención de despedir a alrededor de 250 trabajadores y de rebajar el sueldo de su CEO, Nicholas Woodman, a un dólar, con el objetivo de paliar la tendencia de pérdidas en la que se encuentra inmersa.

La última de las noticias que ponen en entredicho la buena salud de este sector tiene que ver con, tal vez, la más grande de las empresas, Apple, y el proceso judicial que se le ha abierto en Francia.

Obsolescencia programada

La cuestión no es baladí puesto que, según se ha sabido en las últimas horas, la fiscalía gala ha decidido finalmente investigar al gigante estadounidense por, presuntamente, vulnerar la normativa local en materia de obsolescencia programada.

A finales del pasado mes de diciembre, el día 28, como si de una de esas informaciones propias del día de los Santos Inocentes se tratara, se conoció a través de un medio local que un grupo de activistas franceses había denunciado a la empresa de la manzana mordida por vulneración de la citada ley sobre obsolescencia.

El motivo se encuentra en la dinámica de ralentizar el funcionamiento de los iPhone, algo que la propia compañía ha reconocido en un comunicado pero justificándolo en que era una necesidad para mejorar la optimización de los dispositivos.

En concreto, aclararon entonces que se trataba de un "malentendido" y que "nunca hemos hecho, ni haríamos nunca, nada para acortar intencionalmente la vida útil de ningún producto de Apple ni degradar la experiencia del usuario para impulsar las actualizaciones de los clientes".

"Fraude" y "ralentización"

A la vista de lo que se acaba de saber, las explicaciones de la compañía -incluida una nota centrada en las baterías de los iPhone y su mantenimiento- parece que, por el momento, no convencen a la justicia francesa. De este modo, la acusación del ministerio público del país vecino no es menor, puesto que investiga al gigante norteamericano por supuestos delitos de "fraude" y "ralentización programada".

Esta decisión significa que se iniciarán las averiguaciones por parte de la Dirección General de la Competencia, Consumo y Lucha contra los Fraudes para determinar si se confirman esas conductas. 

No es la primera vez Apple tiene que aclararse en sede juicial. En EEUU, la compañía debe hacer frente a cerca de una docena de demandas de carácter colectivo en las que se le acusa de fraude, enriquecimiento ilícito y publicidad engañosa. 

La empresa más valiosa del planeta ha tratado de hacer frente a las denuncias y quejas públicas pidiendo disculpas, lo que ha completado con un ofrecimiento de descuentos a sus millones de clientes para que puedan cambiar las baterías de sus dispositivos.

Observando las reacciones ante la contestación por la que ha optado, es evidente que no ha convencido. En el horizonte, y entre las críticas que se achacan a la marca se encuentra la de que este tipo de acciones, la de ralentizar sus gadgets, no es más que una estrategia para impulsar la venta de sus nuevos smartphones. De ser así, además de provocar las denuncias de los usuarios (individual o colectivamente), resulta, a todas luces, bastante simple. A pesar de ello, habrá quien la entienda.