El juez Ángel Hurtado ha permitido que Vox ejerza la acusación popular contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El magistrado reconoce que el partido de Santiago Abascal “ni siquiera apunta algo que pudiera aportar que le diferenciase del interés común y general que ha de orientar la actuación de cualquier acusación popular” pero admite su personación.
En primer lugar, admitió a la asociación ultracatólica HazteOir, y ahora acepta los argumentos de la formación ultraderechista para incluirla también.
Con la incorporación de Vox son varias las acusaciones populares de este caso vinculadas a partidos políticos o a la extrema derecha: Vox y HazteOir se suman a la fundación Libertad&Alternativas y el pseudosindicato ultra Manos Limpias.
Además, también ejercen la acusación el propio González Amador, el Colegio de Abogados de Madrid y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que según el juez tienen unos objetivos propios que les permiten ejercer la acusación por separado.
Y es que la incorporación de Vox llega en la fase final de la investigación abierta al fiscal general y a la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, por presunta revelación de secretos. Encima de la mesa, el magistrado Hurtado también tiene la petición de la fiscal Rodríguez para que incorpore al procedimiento todos los correos, mensajes y escritos intercambiados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado con los letrados de Alberto González Amador.
Con todo ello, el juez Hurtado tendrá que decidir si continúa adelante con el procedimiento y propone juzgar a los investigados o lo archiva.
La defensa del fiscal general mostró su oposición
Según consta en la resolución, la defensa del fiscal general mostró su oposición a que Vox ejerciera la acusación popular en la causa, pero apuntó que -en caso de admitirse- actuara "de manera conjunta con alguna de las acusaciones populares ya personadas".
Los de Santiago Abascal llegan al procedimiento ocho meses después de que el Supremo asumiera la investigación el pasado octubre. En un principio, cuando el asunto estaba en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la causa se centró en la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 para dar detallada cuenta del intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal a cargo de la investigación fiscal, Julián Salto.
Cuando el caso saltó al Supremo, el alto tribunal abrió causa contra el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos, pero descartó la entidad delictiva de dicha nota de prensa.
No obstante, en los meses siguientes se fue ampliando la investigación: para abarcar otra vez el citado comunicado, para incluir las presuntas filtraciones de las diligencias de la Fiscalía contra González Amador por presunto fraude fiscal, y para añadir también el correo electrónico que su defensa envió el 2 de febrero de 2024 ofreciéndose a reconocer los delitos fiscales a cambio de pactar.
