El juez Manuel García Castellón ha acordado desimputar al propietario de la página web Moncloa.com y su responsable de publicidad al no hallar pruebas que acrediten que utilizaron las grabaciones de Villarejo que han venido publicando para extorsionar. Del mismo modo, el magistrado de la Audiencia Nacional, instructor de la investigación abierta al comisario de policía jubilado, acuerda la desimputación del director del diario El Confidencial, Ignacio Cardero, y de su subdirector, Alberto Pérez Giménez, por desobediencia al seguir publicando audios. Así lo ha difundido El Mundo.

También se ha levantado la prohibición sobre Moncloa.com de seguir publicando audios del archivo sonoro de Villarejo. El juez ha destacado que la declaración que prestó en la Audiencia Nacional el presidente de ACS, Florentino Pérez, que aseguró haberse sentido extorsionado, no fue lo suficientemente concreta y, por lo tanto, subraya que debido a la "vaguedad" de los elementos que hay contra Moncloa.com ha decidido el sobreseimiento de la imputación de sus responsables.

Según informa El Confidencial, la investigación se abrió el pasado noviembre, cuando el magistrado citó a declarar como investigados a ambos por continuar publicando el contenido de las grabaciones sobre el presunto espionaje del comisario Villarejo a ACS por encargo de Iberdrola, tras requerir el juez Manuel García-Castellón todo el material obtenido antes de las 17:06 del martes sobre este caso y prohibir "publicar, en lo sucesivo, ese material".

El mismo diario también comenta que las informaciones, veraces y de indudable interés general, provocaron la dimisión del consejero de la constructora Manuel Delgado Solís, al que se vincula con las escuchas del comisario José Manuel Villarejo. La citación del director y del subdirector se produjo después de que dos agentes de policía se personaran en las instalaciones del diario. Tras hacer entrega del requerimiento al subdirector, El Confidencial facilitó a los agentes todos los archivos de los que disponía el medio hasta ese momento, según pedía el oficio.

En el auto notificado a El Confidencial, el magistrado levanta el requerimiento efectuado en que se prohibía la publicación, en lo sucesivo, del material obtenido y relacionado con las presuntas grabaciones efectuadas al parecer por la empresa de Villarejo, Cenyt, por encargo de la mercantil Iberdrola, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia de no hacerlo. El juez también entiende que la ponderación entre la necesaria protección del derecho a la información, y el deber de perseguir y esclarecer unos hechos aparentemente constitutivos de infracción penal, justificó la adopción de "medidas urgentes e inmediatas".