El magistrado del Juzgado de Instrucción Número 13 ha abierto juicio oral a la bulóloga de extrema derecha Cristina Seguí por difundir los datos personales de una niña menor de edad en acogida por una pareja gay. La agitadora ultra, tal y como publicó ElPlural.com, se enfrenta a una pena de cuatro años y medio de prisión por estos hechos, pues la Fiscalía la acusa de haber cometido tres delitos contra la intimidad. Además, está pendiente de sentencia por publicar un vídeo de las menores violadas por una manada en la localidad valenciana de Burjassot.
En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, el juez da un plazo de diez días a Seguí para que designe procurador y presente el escrito de defensa. En cuanto a la adopción de medidas cautelares, dice el magistrado que "no ha lugar, en este momento procesal a la adopción de medidas para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse en el presente procedimiento".
Seguí ha vuelto a tener problemas con la Justicia porque dedicó un post en Twitter titulado "la bebé robada en Castellón fue entregada ilegalmente a una pareja LGTBI amiga de Oltra y secretario LGTBI de Ximo Puig que reconoce en un vídeo que la adopción era un experimento del colectivo. Se lo cuento en Estado de Alarma". Según la fiscal, Cristina Seguí ha cometido tres delitos contra la intimidad con la agravante de discriminación por orientación sexual.
Los hechos según el juez
Según el auto de incoación de procedimiento abreviado del juez instructor, al que tuvo acceso ElPlural.com, "en el citado post se realizan una serie de manifestaciones que atentan contra el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, fomentando el odio contra la dirección territorial, sus funcionarios y su función de garante de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (...), y contra el colectivo LGTBI tal y como se refleja en los más de 500 comentarios del post".
Tanto el juez como la fiscal del caso coinciden en que, "los hechos atentan tanto contra la integridad física como moral de la niña al revelar no solo su imagen personal, sin consentimiento de la entidad tutora de la niña, sino a estigmatizarla públicamente con afirmaciones como niña robada, niña tutelada, niña de la pareja LGTBI que afectan a su desarrollo emocional, y atentan contra su interés superior. Y por otro lado, contra el derecho a la intimidad de otros 3 niños, al haberse puesto de manifiesto información que forma parte de su vida privada por terceras personas que persiguen un fin propio, el de los abuelos paternos".
El magistrado hace referencia a los abuelos paternos, pues afirma que la pérdida de la patria potestad de la pequeña fue lo que desencadenó la filtración a Seguí del caso de la acogida. De hecho, asevera que todo vino "alentado" por la letrada que ambos abuelos contrataron para conseguir la custodia, hecho que no ha sucedido.
Escrito de Fiscalía: publicación homófoba
En el escrito de acusación, al que también ha tenido acceso este periódico, asevera la fiscal, que además de los delitos contra la intimidad por publicar "la imagen de la niña, así como los nombre, apellidos, profesión y lugar de residencia" de los padres de acogida, existe la agravante de discriminación sexual puesto que, "hace comentarios despreciativos por razón de su orientación sexual, ya que se trata de un matrimonio formado por dos hombres, expresando que se trata de un experimento del 'lobby' gay, haciendo uso de este concepto con carácter peyorativo, y diciendo que se escandaliza porque le den a los niños en adopción a parejas homosexuales por el hecho de serlo".
Lo cual, a juicio de la fiscal, evidencia "su animadversión a la orientación sexual de la pareja. A esto añade que en el programa de Javier Negre, Estado de Alarma, se produjo un debate en directo donde Cristina Seguí volvió a insistir en que les habían dado a la niña solo por ser del colectivo LGTBI, y que "se trataba de un experimento con miras a repetirlo en otros casos".
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