Los retrasos judiciales, la saturación de los juzgados y la incertidumbre en miles de procedimientos tienen una raíz común: faltan jueces. La propuesta de crear 500 nuevas plazas intenta contener un problema que, según las previsiones oficiales, podría traducirse en un agujero de más de 2.200 magistrados en apenas una década si no se adoptan soluciones sostenidas. No se trata únicamente de una carencia numérica, sino de una debilidad estructural que condiciona la calidad del servicio público de Justicia, alarga los tiempos de respuesta y erosiona la confianza ciudadana en la capacidad del sistema para resolver conflictos con rapidez y garantías.
La dimensión del desafío ha obligado al Gobierno y al órgano de gobierno de los jueces a reabrir una negociación que, más allá de sus fricciones políticas recientes, parte de un diagnóstico compartido: la próxima década estará marcada por una jubilación masiva en la carrera judicial que, de no compensarse con nuevas incorporaciones, reducirá de forma drástica la plantilla disponible. El pleno urgente convocado para analizar la convocatoria extraordinaria de plazas refleja esa presión demográfica y organizativa, así como la necesidad de adoptar decisiones que trasciendan el corto plazo.
Los datos manejados por los propios órganos de planificación judicial apuntan a un escenario especialmente delicado. Incluso manteniendo ritmos de acceso similares a los actuales, el sistema no lograría cubrir todas las vacantes que se generarán en los próximos años. El resultado sería una brecha creciente entre el número de órganos judiciales en funcionamiento y los efectivos disponibles para atenderlos, con consecuencias directas sobre la carga de trabajo de los jueces en activo y, por extensión, sobre los tiempos de resolución de los procedimientos. En términos prácticos, esto se traduce en vistas que se señalan con meses —o años— de demora, sentencias que tardan en dictarse y ciudadanos que ven prolongada la incertidumbre sobre cuestiones laborales, familiares, penales o administrativas que afectan a su vida cotidiana.
La creación de 500 nuevas plazas aparece así como una respuesta necesaria, aunque insuficiente por sí sola para revertir una tendencia acumulada durante años. El acuerdo inicial alcanzado entre el Ejecutivo y la cúpula judicial combina dos vías de acceso distintas: la ampliación de la oposición tradicional y la activación del denominado cuarto turno, reservado a juristas con una trayectoria profesional consolidada. Con ello se busca acelerar, al menos parcialmente, la llegada de nuevos perfiles a los tribunales y diversificar los mecanismos de incorporación a la carrera judicial. Sin embargo, los propios tiempos del sistema limitan el impacto inmediato de la medida.
Entre la aprobación administrativa de una plaza y la presencia efectiva de un juez en su destino puede transcurrir más de un año. El proceso de adjudicación funciona como una cadena de movimientos internos en la que los magistrados con mayor antigüedad optan primero a los nuevos puestos, generando vacantes sucesivas que solo al final llegan a quienes se incorporan por primera vez. Este efecto dominó diluye la capacidad de respuesta rápida ante la sobrecarga de los juzgados y evidencia que el problema no puede resolverse únicamente con anuncios puntuales de ampliación de plantilla.
A ello se suma una cuestión de fondo: la distancia entre las necesidades reales del sistema judicial y la planificación histórica de sus recursos humanos. Durante años, la creación de plazas no ha seguido un ritmo suficiente para acompasar el crecimiento de la litigiosidad ni la complejidad creciente de los procedimientos. El resultado es una Justicia que opera en tensión permanente, apoyándose en refuerzos temporales o soluciones provisionales que alivian la presión de forma momentánea, pero no corrigen el desequilibrio estructural.
El “hueco” de 2035: ¿Un problema lejano o presente?
Aunque 2035 puede parecer un horizonte lejano, los efectos de este déficit ya se sienten hoy. La saturación de juzgados, especialmente en materias como lo civil, lo penal o social, lleva a que casos que deberían resolverse en meses se alarguen durante años, con el consiguiente impacto en los ciudadanos, empresas y administraciones que necesitan certezas jurídicas. Cuando la plantilla de jueces es insuficiente, se recurre a figuras excepcionales —como jueces sustitutos o magistrados suplentes— para aliviar momentáneamente la carga, pero ese recurso no puede sustituir a efectivos titulares de forma sostenida.
Además, el propio CGPJ tiene señalado que la media de jueces por cada 100.000 habitantes en España —alrededor de 11— sigue muy por debajo de la media europea —alrededor de 17—, lo que evidencia una inequidad estructural en la ratio de jueces que afecta tanto al tiempo de tramitación de causas como a la calidad del servicio público de Justicia.
En este sentido, la clave del debate radica en que la justicia española necesita más que una inyección puntual de plazas: requiere un plan sostenido que supere el carácter episódico de las convocatorias y que sincronice políticas de recursos humanos con las necesidades reales de los órganos judiciales. No se trata únicamente de cubrir jubilaciones, sino de adaptar el sistema a demandas crecientes y a nuevas realidades procesales que exigien tiempos y especializaciones que no pueden ser atendidos con plantillas insuficientes.
En este contexto, el entendimiento entre las instituciones implicadas adquiere una relevancia que va más allá del acuerdo técnico. La coordinación entre quienes diseñan la política de Justicia y quienes gobiernan la carrera judicial resulta imprescindible para articular una respuesta sostenida, capaz de combinar convocatorias periódicas, planificación a largo plazo y adaptación a nuevas demandas sociales. Sin esa mirada estructural, cualquier ampliación puntual corre el riesgo de quedarse en un parche frente a una grieta mucho más profunda.
