La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado al Partido Popular como partícipe a título lucrativo al pago de hasta 204.198,64 euros por las actuaciones de la trama Gürtel en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. Es en el marco de trama en la que también se ha condenado al magnate de los medios de comunicación de Castilla y León, José Luis Ulibarri. El empresario leonés ha sido condenado a un total de 19 meses de prisión como resultado de sus actividades corruptas en dicha trama, entre las que se encuentran los delitos de prevaricación, de fraude a las administraciones públicas, continuado de falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública, además de un delito de tráfico de influencias.

La sentencia considera que el empresario es autor responsable y colaborador necesario de la trama de corrupción. Detalladamente, se le condena a tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación, seis meses de cárcel por fraude a la administración pública, otros seis por falsedad documental continuada, tres por un delito contra la Hacienda Pública y una multa de 40.000 euros y tres meses de cárcel por tráfico de influencias.

Antes de que arrancase el juicio al que se exponía a una condena de 7 años de cárcel, Ulibarri decidió colaborar con la Justicia y acabó reconociendo los cinco delitos. En su declaración explicó cómo su empresa, UFC, consiguió la licitación de una parcela de 35 millones para edificar viviendas a cambio de una mordida de un millón de euros que le pidió el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa. “Yo conocí a Correa a final del verano de 2004, nos presentó un amigo común que era Jesús Merino, y a partir de ahí, él me ofrecía cosas en general, en municipios de toda España, pero yo le pedía que nos pasara la información. Esto lo analizaban los departamentos técnicos de mi empresa y en todos los casos no nos encajó las posibilidades que nos ofrecía y dijimos que no”, aseguró.

Tercera condena para el PP

Esta resolución ha supuesto la tercera condena del tribunal al Partido Popular después de las sentencias por la primera época de la Gürtel y por el uso de la caja B para las obras de la sede del partido en Génova 13. En la sentencia se especifica que el Partido Popular se benefició de las operaciones de la trama corrupta "consiguiendo que las empresas de la organización abonaran los costes de los distintos actos políticos organizados por y para el partido".

A quien fuera alcalde de Boadilla del Monte cuando se produjeron los hechos, Arturo González Panero, se le condena a 36 años de prisión por un total de dieciocho delitos, entre ellos, de asociación ilícita, delito continuado de cohecho pasivo, de prevaricación continuada, fraude a las administraciones públicas, delito continuado de malversación, delito de tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales a penas que en su conjunto alcanzan los treinta y seis años de prisión, nueve años de inhabilitación por cada delito y multas que exceden de los seis millones y medio de euros.