Guadalupe Sánchez reclama cerca de 900.000 euros entre el juez Peinado, el novio de Ayuso y Juan Carlos I: “Cero ganados”

Guadalupe Sánchez Baena se ha convertido en la abogada de moda. La repercusión de sus representados, entre los que se encuentran figuras como Juan Carlos I, Alberto González Amador o el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez, se suma a la de sus demandados, entre los que figuran importantes figuras políticas como Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria demandado por el rey emérito, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, demandado por el titular del juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, o el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien el novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, reclama 100.000 euros por vulnerar su derecho al honor.

La lista de las personas a las que han denunciado los representados por Guadalupe Sánchez, líder de la “boutique legal” Novalex, es dilatada y no deja de reproducirse. Entre los últimos que han recibido una notificación legal con la firma de la también articulista de medios como ‘The Objective’ se encuentra el portavoz y líder de ERC, Gabriel Rufián, a quien el juez Peinado reclama 70.000 euros al entender que el diputado republicano deslizó que estaba incurriendo en prevaricación durante su polémica instrucción del ‘caso Begoña’.

El ’modus operandi’, al menos en los pasos adoptados en la defensa de Alberto González Amador y de Juan Carlos Peinado, ha sido similar. Demandas en cascada, a diestro y siniestro, que se cuentan por decenas. El contexto es similar: en el caso de González Amador, comisionista imputado por la comisión de varios delitos relacionados con su fraude fiscal, ‘Lupe’ Sánchez activó sus servicios con demandas por vulneración del honor contra todos aquellos que abiertamente calificaron a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid como defraudador fiscal. En el caso de Peinado la maquinaria se ha activado de la misma forma con todos aquellos políticos y periodistas que han deslizado abiertamente que el juez podría estar prevaricando en una investigación que muchos califican como prospectiva por la falta de indicios y las diligencias practicadas.

Más reservada ha sido la ejecución de la defensa del rey emérito, Juan Carlos I, quien, pese a anunciar tiempo atrás que demandaría a más personas, por el momento solo ha activado sus peticiones por su derecho al honor contra Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, Corinna Larsen y quien otrora fuese su abogado, Dante Canonica.

ElPlural.com ha sumado todas las indemnizaciones que reclaman los tres representados de Sánchez Baena. En total, teniendo en cuenta a periodistas, partidos políticos, ministros, diputados y otras personalidades, la suma roza el millón de euros. No obstante, por el momento, y pese a que muchas de estas demandas aún no han llegado a su fin, la abogada, divulgadora, ensayista y ponente (como se presenta en la página web de su bufete) ha ganado “cero euros”, como expone con cierta sorna uno de los demandados por los clientes de Novalex.

El listado de denunciados: políticos, periodistas y partidos en el punto de mira

El alcance de las reclamaciones impulsadas por los clientes de Guadalupe Sánchez Baena es tan amplio como heterogéneo. En concreto, según la documentación a la que ha tenido acceso ElPlural.com, las cuantías solicitadas por vulneración del derecho al honor ascienden ya a más de 845.000 euros entre los tres representados más mediáticos de la abogada: el juez Juan Carlos Peinado, el empresario Alberto González Amador y el rey emérito Juan Carlos I.

En el caso del monarca, la reclamación se limita de momento a 50.000 euros, a la espera de que la querella formal se presente en los tribunales. Su defensa, según fuentes jurídicas, se centra en declaraciones públicas de figuras como Miguel Ángel Revilla, Corinna Larsen o el exasesor suizo Dante Canonica, a quienes acusa de haber lesionado su honor con afirmaciones relacionadas con sus finanzas personales y su vida privada.

Más extenso es el frente judicial abierto por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En total, el empresario reclama 415.000 euros repartidos entre una quincena de dirigentes y partidos políticos. Las mayores cuantías se dirigen contra Pedro Sánchez (100.000 euros), Félix Bolaños (50.000 euros), Óscar López (50.000 euros) y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuya demanda —por valor de 40.000 euros— fue rechazada por el Tribunal Supremo. También figuran en la lista representantes de PSOE, Más Madrid y varios portavoces socialistas, con cantidades que oscilan entre los 10.000 y los 30.000 euros.

Por su parte, el juez Juan Carlos Peinado ha activado su particular ofensiva judicial contra nombres propios del panorama político y mediático. Reclama 430.000 euros en total a figuras como Pablo Iglesias, RTVE, Antón Losada, Ernesto Ekaizer, Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente y Gabriel Rufián, a quien solicita 70.000 euros por considerar que insinuó una presunta prevaricación en su actuación durante la instrucción del llamado caso Begoña.

El precedente de María Jesús Montero y el futuro incierto de las demandas

El único caso con resolución judicial hasta la fecha ha sido el de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, a quien Alberto González Amador reclamaba 40.000 euros por una supuesta vulneración del derecho al honor. El Tribunal Supremo inadmitió la demanda y rechazó la pretensión económica del empresario al entender que las declaraciones de la ministra se realizaron en el marco del debate público y amparadas por la libertad de expresión.

El fallo no solo cerró el paso a esa demanda concreta, sino que ha dejado una huella jurídica que podría condicionar el destino del resto de querellas en curso. El razonamiento del Supremo es extrapolable al resto de procedimientos abiertos por los representados de Sánchez Baena, especialmente en el caso del comisionista González Amador, cuyas reclamaciones se basan en declaraciones similares emitidas por dirigentes públicos, ministros o portavoces políticos. Si los tribunales mantienen la misma línea de interpretación —ponderando el derecho al honor frente al interés general y el ejercicio legítimo de la crítica política—, el recorrido de estas demandas podría ser muy limitado. De hecho, en el propio auto se advierte que el margen de la expresión crítica en democracia es amplio, sobre todo cuando el afectado es una persona con relevancia pública.

Ese mismo criterio amenaza con extenderse a las acciones emprendidas por el juez Juan Carlos Peinado. En su caso, la clave estará en determinar si las críticas a su instrucción del caso Begoña —algunas de ellas muy duras— se enmarcan dentro de la libertad de información y opinión sobre un asunto de máxima relevancia institucional. Si los jueces concluyen que se trata de valoraciones políticas o mediáticas legítimas, el desenlace podría ser idéntico al del fallo Montero: archivos y desestimaciones.