Un grupo de juristas e intelectuales han presentado este lunes ante el Tribunal Supremo una querella contra el rey Juan Carlos I, al que atribuyen cinco delitos de fraude fiscal, además de impugnar la regularización ante Hacienda de 2021 que sirvió para cerrar la investigación al que fuera jefe del Estado. “Nos mueve la defensa del interés general en cuanto que estimamos que exigen delitos contra la Hacienda Pública que no sólo los preceptos del Código Penal que invocaremos sino también los principios de igualdad y solidaridad, además de obligaciones legales y éticas, exigibles especialmente a aquellas personas que ostentan cargos públicos de relevancia constitución, en este caso, la Jefatura del Estado”, escriben en la denuncia a la que ha tenido acceso ElPlural.com
Estas líneas sirven como pretexto del escrito que pretende ejercer la acusación popular, entre quienes se encuentran varios rostros conocidos de la judicatura española. En él se integran nombres como los exfiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena; los ex magistrados del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín y Clemente Auger. También estampan su firma juristas como Javier Pérez Royo, Blanca Rodríguez Ruiz, Joaquín Urías y Eduardo Ranz Alonso, junto con otros intelectuales como Josep Ramoneda, Pilar del Río y el periodista Miguel Mora.
Según consta, a lo largo de 20 páginas, la denuncia expone uno a uno los cinco delitos que le atribuyen al que fuera jefe del Estado entre 2014, fecha de su abdicación, y 2018, al entender que éstos no han prescrito. Asimismo, en todo el documento, intentan tumbar los criterios que motivaron a Fiscalía para dar por buena la regularización ante Hacienda del emérito en el año 2021, cuando sabía que se le investigaba por eludir impuestos.
Repóker de delitos
El grueso de sucesos denunciados está vinculado con el uso de empresas opacas, entre las que se citan las fundaciones Zagatka y Lucum, ambas con sede fuera de España (Liechtenstein y Suiza), con el fin de “ocultar o dificultar la cuantía de la cantidad defraudada. Los denunciantes entienden que tal conducta debería tipificarse como un fraude fiscal agravado, bajo pena de entre dos y siete años de prisión, y que, por tanto, no prescribe hasta pasados 10 años. Por lo tanto, al amparo de este supuesto, ninguno de los cinco delitos que le atribuyen al ex jefe del Estado estarían prescritos, ni tan siquiera el del año 2014.
En el escrito se recuerda cómo en 2018, cuatro años después de su abdicación, dieron sus primeros pasos investigaciones sobre el patrimonio de Juan Carlos I que Dolores Delgado, ex fiscal general del Estado, ordenó remitir a la Fiscalía del Supremo en el año 2020 una investigación que inició Anticorrupción un año antes sobre presuntas tarjetas de crédito vinculadas a fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, por parte del propio emérito y de otros familiares. A ello se añadía el presunto cobro de comisiones ilegales devengadas de las obras del AVE a La Meca.
En este sentido, apuntan a la regularización fiscal que hizo el emérito y que tuvo lugar después de que recibiera dos notificaciones por parte de la fiscalía en dos ocasiones de que estaba siendo investigado. Entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, el rey Juan Carlos pagó 4.416.717,46 euros para hacerse cargo de obligaciones fiscales que no se habían cubierto en las declaraciones fiscales pertinentes y correspondientes al quinquenio 2014-2018. En aquel momento, el ex jefe del Estado ya no estaba protegido por el velo de la inviolabilidad.
Entre estas declaraciones complementarias se incluye una orientada a los impuestos derivados de los pagos realizados por la fundación Zagatka, gestionada por un primo de Juan Carlos I -Álvaro de Orléans-, que se destinaban a viajes y otros servicios que disfrutaba el exmonarca, entre los que constaban la compra de armas de caza por importe que excedía los 100.000 euros. Tales regularizaciones son las que ponen en tela de juicio estos intelectuales en su denuncia ante el Supremo y las que hacen pensar a la acusación popular que el ex jefe del Estado debe ser juzgado por cinco delitos contra la Hacienda Pública.
“La regularización de las defraudaciones tributarias se produce después de haber tenido conocimiento formal de la existencia de unas diligencias de investigación de la Fiscalía que le advirtió de la existencia de irregularidades en las declaraciones tributarias, con anterioridad a su regularización. En todo caso, su representación legal tuvo la oportunidad de personarse y conocer el contenido de las diligencias de investigación, aunque sin duda era conocedor de las irregularidades que se había cometido en las declaraciones correspondientes al IRPF correspondiente a los años 2014 a 2018”, explican en la denuncia.
Así las cosas, en la denuncia se subraya que “no concurre la aplicación del principio de íntegra y espontánea regularización que contempla el Código Penal” para el tipo de fraude fiscal. Por lo tanto, estiman que el argumento sobre el que se cimentó la justificación de la fiscalía, que daba por buena la maniobra de Juan Carlos I. En aquel momento, el Ministerio Público entendió que las notificaciones no precisaban de manera pormenorizada los hechos imputables, por lo que concluyen que es “incongruente”.
Conclusiones
Sostienen, por tanto, que es el Alto Tribunal el que debe pronunciarse sobre los delitos fiscales y, por ello, reclaman la declaración del rey Juan Carlos I en calidad de imputado, para que comparezca su primo (De Orléans) como testigo. También citan al abogado que representó entonces al monarca, Javier Sánchez-Junco, y algunos de los hombres de su confianza financiera en Suiza, como Arturo Fasana y Dante Canónica. Por otro lado, reclaman la testifical del empresario mexicano Allen Jesús Sanginés-Krause, que presuntamente sufragaba parte de los gastos del emérito y de sus familiares, además de ejercer como enlace de bancos suizos, empresas y agencias de viajes.
Así, solicitan al Supremo que fije una fianza simbólica de un euro, pues su propósito no es otro que el de “potenciar el valor superior de la Justicia, los principios generales del Estado de Derecho y la igualdad ante la Ley”. No obstante, por último, proponen que, llegado el momento y siempre y cuando exista condena, se fije el mínimo posible en la pena privativa de libertad, habida cuenta de la edad del emérito, aunque la multa sí exigen que sea la cuantía máxima fijada por la ley.
