La Fiscalía de la Audiencia Nacional presentará un recurso de apelación contra el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que ha imputado este lunes a la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira, en la causa abierta contra Tsunami Democràtic por delitos de terrorismo. Asimismo, el polémico magistrado también ha solicitado diligencias contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, sobre el que encuentra indicios de delito pero que no puede imputar al ser eurodiputado y le ofrece venir a declarar de manera voluntaria, Junto a los anteriores, también considera como investigados a su mano derecha en Waterloo Josep Lluis Alay y a otras nueve personas por los disturbios orquestados desde la mencionada plataforma.

Sin embargo, el Ministerio Público considera que, al haberse iniciado el procedimiento por delito de sedición, una vez desaparecido este, la causa solo puede seguirse por desórdenes públicos en los juzgados de Barcelona. Es más, según ha podido saber ElPlural.com de fuentes cercanas al caso, “con los informes policiales no es terrorismo sino desórdenes públicos”. Afirman las mismas fuentes que, antes de que el juez dictara este auto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya estaba preparando un informe para que la causa fuera juzgada en Barcelona por desórdenes públicos, en atención a las informaciones policiales que constan en autos.

De hecho, el magistrado pidió el viernes informe a la Fiscalía a ver a quiénes consideraba que se debía de imputar, pero no ha esperado la respuesta a su propia pregunta y, este lunes, ha emitido un polémico auto en el que no solo imputa a Rovira y Puigdemont, sino que, además, haciendo la cuadratura del círculo, ha citado como testigo a Arnaldo Otegi de Bildu. Todo ello, la semana que supuestamente Junts per Cat, ERC y el PSOE podrían alcanzar un pacto de investidura, con una posible ley de amnistía de por medio. ¿Casualidad?

El auto

El auto de García-Castellón, además de imputar por terrorismo a dos de las principales figuras políticas de los partidos independentistas, tiene una parte de relato, cuanto menos, ‘ingeniosa’, pues llega a pedir que se investigue si Rovira,  a la que coloca en el centro de la investigación al sostener que es "con mucha probabilidad" la usuaria de la aplicación de mensajería cifrada 'Threema' que actuaba bajo el seudónimo de 'Matagalls' y que tenía "un conocimiento previo de, al menos, ciertas acciones de la plataforma”, pudo ser la causante del infarto de un hombre que falleció en el aeropuerto de El Prat. Hecho que basa en informaciones periodísticas y no policiales, algo inaudito cuando se imputa un delito de terrorismo a alguien.

Así, según el auto: “En el interior del aeropuerto del Prat se estaban provocando altercados y disturbios que ocasionaron una alteración grave de la paz pública. Se produjeron importantes desórdenes y desperfectos públicos, se afectó directamente a la libertad deambulatoria de numerosos ciudadanos que pretendían hacer uso de las instalaciones aeroportuarias, y a los que se impidió la posibilidad de acceder a las instalaciones, volar a sus destinos o salir del lugar para regresar a sus domicilios. Asimismo, durante el tiempo en que se prolongó la ocupación, se puso en riesgo la integridad física de numerosos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuantes, de los propios manifestantes, de los viajeros y los trabajadores de la instalación, además de la propia seguridad aérea”.

Ante lo cual el juez dice que, “no se puede minimizar el impacto que tuvo para la vida e integridad de las personas, debiendo subrayar que en el marco de esta acción se produjo el fallecimiento de una persona, tal y como recogieron los medios de comunicación en aquel momento”.

Los casos de García-Castellón con el PP

El magistrado de la Audiencia Nacional es conocido judicial y mediáticamente por haber sido instructor de distintas causas que han salpicado, directa o indirectamente, a Génova 13.

El último de ellos fue la llamada a sentarse en el banquillo al presidente del BBVA, Carlos Torres, el 16 de octubre en el marco de la investigación sobre el caso Tándem, investigado por García-Castellón y que también concierne a la investigación sobre el excomisario José Manuel Villarejo, pese a que en la época del espionaje el presidente de la entidad bancaria era Francisco González.

Meses atrás, también cabe destacar otras decisiones del magistrado. Por un lado, García-Castellón rechazó investigar como corrupción el caso de Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, en noviembre de 2022. A la par, en septiembre del pasado año, el juez también rechazó imputar a María Dolores de Cospedal por la también operación Tándem, todo ello pese a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputarle por los audios publicados por Villarejo. Claros ejemplos de la indulgencia que aplicar con cuestiones que conciernen a dirigentes conservadores.

A la contra, García-Castellón sí que ha liderado otras investigaciones judiciales en contra de políticos de izquierdas, concretamente, de Podemos, contra los que sí adoptó una postura más dura. Ejemplo de ello, cuando investigó al fundador de la formación morada Juan Carlos Monedero por presunto blanqueo de capitales.