El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye el caso de narcotráfico y blanqueo de capitales en el que están involucrados el hijastro y el marido de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), no ve motivos para investigar la derivada de posible corrupción política de la trama, una línea de investigación que podría afectar directamente a la regidora. 

Así lo revela hoy elDiario.es en una información firmada por Pedro Águeda en la que se recoge que el magistrado rechaza la personación del PSOE como acusación. “El solicitante pretende personarse en un momento en que ya se ha dictado el auto de procesamiento, que ha trascendido a los medios, pero no precisa por qué hechos pretende personarse”, señala en un auto el juez.

García Castellón ha sido señalado en numerosas informaciones periodísticas como un juez de perfil conservador que acostumbra a mostrarse muy severo en causas que afectan a formaciones de izquierdas, como Podemos, y extremadamente indulgente en los casos que salpican a dirigentes del Partido Popular.

La fiscal Antidroga María Dolores López Salcedo ya se había mostrado contraria a admitir al socialista José Bernal, concejal y candidato a las próximas elecciones municipales, como parte en la causa. De hecho, recuerda la información, la propia López Salcedo se opuso hace tres años a investigar al Ayuntamiento después de que la Policía hallara indicios de posible corrupción en la adjudicación de obras municipales a una empresa vinculada a la trama.

En el escrito de rechazo de la acción popular el juez subraya que, en su auto de procesamiento, “no se menciona a ningún cargo público que, por acción u omisión, pudiera tener relación con los delitos mencionados, ni se menciona tampoco la existencia de ningún destino irregular de fondos públicos. Tampoco afirma en dichos hechos que el Ayuntamiento de Marbella haya sido utilizado para la realización de un posible blanqueo de capitales”.

Una cadena de correos electrónicos evidencia que Lars Gunnar Broberg, el marido de Muñoz, hizo llegar a la alcaldesa la propuesta de presupuesto de un empresario que acabó ganando la adjudicación de la obra en cuestión y que está procesado en la Audiencia Nacional junto a él y uno de sus hijos por formar parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Ocurrió en 2013 y la obra, de acerado, fue finalmente adjudicada a la empresa vinculada con el marido de la alcaldesa, Codecosol, del sueco Nils Fischer.