En la tarde de este martes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha remitido al juez Antonio Piña un escrito en el que expresa su rechazo a investigar al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras la querella presentada por la asociación ultra Libertad y Justicia contra el ministro y admitida a trámite por el juzgado 6. En su decisión, la Fiscalía alega que el órgano jurisdiccional carece de competencia para investigar el caso.
Al margen de ello, en el escrito del que se ha hecho eco la Cadena SER, la Fiscalía subraya el hecho de que Puente está aforado ante el Tribunal Supremo y que ya se ha abierto una investigación en un juzgado de Montoro (Córdoba). Todo ello se produce después de que la asociación mencionada presentara ante la AN una querella contra el titular de la cartera de Transportes por delito de homicidio imprudente.
El pasado 27 de enero el magistrado Piña solicitaba a la Fiscalía que concluyera si el tribunal podía investigar al ministro por su presunta responsabilidad en el accidente ferroviario de Adamuz. Con ello, el juez incoaba diligencias previas después de recibir una denuncia por presuntos delitos de homicidio imprudente, negligencia, lesiones y prevaricación contra Puente y otros cargos.
De forma similar, el Juzgado Central de Instrucción Número 6 también solicitó a la Fiscalía que informara, además, sobre las diligencias a practicar si así lo estima. Las fuentes consultadas percibieron con dificultad que las diligencias lleguen a transformarse en una causa en la Audiencia Nacional por, precisamente, una cuestión de competencia primordial.
Lorite, el denunciante de Puente condenado por racismo
La querella que admitió a trámite la Audiencia Nacional a finales de enero lleva la firma del abogado Pedro Muñoz Lorite. Este letrado es CEO del despacho LaBE Abogados, que obtuvo en 2019 la adjudicación del servicio de orientación jurídica de los Centros de Servicios Sociales del consistorio madrileño, que dirige José Luis Martínez-Almeida, renovada en 2024 por más de 1.300.000 euros. El contrato, concedido a la empresa que dirige este activista de ultraderecha, consiste en prestar asesoría jurídica a personas que no pueden permitirse un abogado.
En abril de 2024, un juez condenó a Lorite por los comentarios racistas y denigrantes hacia la religión musulmana que dirigió a una empleada de este servicio. La trabajadora, también abogada y de origen marroquí -aunque nacida en Ceuta- denunció mensajes enviados por Lorite en el chat de trabajo del despacho: "Moro de mierda, cabrón, perro, ladrón", escribía, entre otras lindezas, el letrado.
La sentencia obligó a LaBE a compensarla con 20.000 euros por daños morales. Según el juez del Juzgado de lo Social número 15 de Madrid, Lorite vulneró el "derecho fundamental a la Igualdad y a la Tutela Judicial Efectiva en su vertiente de Indemnidad". Además, declaró nulo el despido de esta trabajadora, que había sido cesada por mostrar su disconformidad con un traslado a otra localidad.
Estos mensajes se remontan a 2023, cuando Lorite lanzó comentarios islamófobos a dicha empleada a través del chat laboral. "Siempre y cuando que cumplas en tu trabajo cuando llegues a tu casa, puedes rezarle a Satanás o a buda, sinceramente, a mí me importa una puta mierda a quien respete", le dijo. "Tan solo lo considero una pequeña enfermedad mental que acabará el día de tu muerte", continuaba. El letrado también definió Israel, donde se encontraba, como "la única democracia que existe en Oriente Medio, rodeada por la religión inventada por Satanás, llamada islam".
Cuando la trabajadora se quejó por su traslado a Valdemoro, otro municipio de la Comunidad de Madrid donde LaBE tiene adjudicada la orientación jurídica, y la empresa la despidió, Lorite le escribió un correo electrónico: "Es lo mismo ser un moro de mierda, cabrón, perro, ladrón, ladrón que quiere cobrar más aunque su puta responsabilidad profesional sea la misma en mi empresa, que por salvar el culo de mi empresa con un ayuntamiento concreto".
