La Fiscalía Europea se ha metido de lleno en el caso Acuamed, que investiga la presunta adjudicación fraudulenta, por parte de esta empresa estatal dependiente del Ministerio de Agricultura, de obras a una decena de empresas. Según ha podido saber Elplural.com desde el Ministerio Público europeo se ha solicitado al magistrado Manuel García-Castellón, actual instructor de la causa, la copia de la querella, así como diversa información sobre el asunto.

Las fuentes cercanas al caso consultadas por este periódico muestran su asombro por este movimiento. El motivo es que la Fiscalía Europea actúa cuando hay sospechas de que se han utilizado de forma fraudulenta fondos europeos. Sin embargo, en el caso de Acuamed, desde la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) se informó, tras la apertura de un expediente, que no se habían encontrado pruebas de la utilización este tipo de fondos. Es más, se retiraron de la causa judicial.

Es por esto que las defensas pedirán explicaciones a la Fiscalía Europea, pues no entienden el movimiento realizado por esta de solicitar tanto la querella como información relacionada con el asunto.

La petición de documentación a la Audiencia Nacional vuelve a poner este caso en el centro de la diana, cuando hasta ahora estaba más que de capa caída. Tras más de cinco años abierto, el juez no ha dejado de archivar el asunto contra los diferentes investigados. Pero ahora, con esta petición, vuelven a saltar las alarmas.

Caso Acuamed

El caso Acuamed salió a la luz en enero de 2016. La Guardia Civil registró la sede de la empresa estatal Agua de las Cuencas del Mediterráneo (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura, por orden de la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía investiga posibles delitos, entre ellos el de fraude, y busca contratos públicos inflados en el presupuesto y adjudicados para desarrollo de obras públicas relacionadas con el suministro de agua en la cuenca del Mediterráneo. En definitiva, se trataría de un nuevo caso de corrupción que salpicaría de nuevo al PP, pero esta vez directamente al Gobierno central.

Acuamed es una empresa pública creada en la primera Legislatura de Zapatero para gestionar el abastecimiento de agua, tanto de riego como de consumo, en el Mediterráneo. Fue creada por Cristina Narbona, exministra de Medioambiente, para gestionar fundamentalmente la construcción y puesta en marcha de las desaladoras de Alicante, Murcia y Almería una vez que el gobierno socialista descartó el trasvase del Ebro. El gobierno de Zapatero realizó inversiones multimillonarias y convirtió a España en una potencia mundial en tecnología de desalación de agua marina. El PP inició una brutal campaña de desprestigio en contra de las desaladoras y sus responsables políticos llegaron a afirmar que el agua de las desaladoras no era apta para el consumo.

Con Rajoy en el Gobierno, la campaña de desprestigio se frenó en seco dado que Rajoy también descartó el trasvase del Ebro. De hecho, el PP también presumió de desaladoras. La empresa depende del Ministerio de Agricultura.