El escrito del caso Púnica firmado por el fiscal Anticorrupción, Alejandro Cabaleiro, pide exonerar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de la caja B del PP madrileño pese a tenerla grabada hablando con el entonces exvicepresidente, Ignacio González, diciendo: “Que nos hayamos saltado el límite de dinero electoral para la campaña, pues puede, pero desde luego Fundescan no ha pagado”.

En el citado escrito, al que ha tenido acceso ElPlural.Com, Cabaleiro afirma: “Del resultado de la instruido no puede considerarse acreditada la participación de Esperanza Aguirre en los hechos delictivos expuestos en la presente pieza separada, pues, más allá de la prescripción de los delitos electores asociados a las elecciones autonómicas del 2.007 y del 2.011, lo cierto es que no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que la misma era conocedora de los mismos”.

En cuanto a las posibles pruebas contra la expresidenta, el escrito recuerda la citada llamada interceptada entre Aguirre, y González. En dicha llamada, realizada el 8 de marzo de 2017, ambos hablan de la superación del gasto electoral y de Fundescan, una de las empresas públicas empleadas por la trama corrupta para conseguir dinero negro para financiar el PP.

Ignacio González y ella hablan “acerca de la función de Fundescan, su funcionamiento y su utilización como medio de financiación del Partido Popular Madrileño —todo ello en relación a unas actuaciones judiciales relacionadas con la presunta financiación irregular del Partido Popular-. En un momento dado, Esperanza Aguirre afirma: que nos hayamos saltado el límite de dinero electoral para la campaña, pues puede, pero desde luego Fundescan no ha pagado”.

Ante esta prueba, Cabaleiro afirma que, “la llamada anteriormente expuesta es cierto que revela que la misma (Aguirre) pudiese sospechar, o intuir, que se había sobrepasado el límite del gasto electoral pero igualmente revela que no tenía conocimiento de cómo había sucedido, pues la aseveración que realiza en torno a la utilización de la Fundación Fundescan, descartando que fuese instrumento para ello cuando realmente lo era, es un indicio sólido de tal extremo. Lo anterior podría plantear en si se situó en lo que se ha denominado ignorancia deliberada, pero afirmar tal cuestión, considerando la ausencia de indicios resulta insuficiente para sostener una acusación”.

Sobre los contratos con el ‘conseguidor’ de la Púnica, Alejandro de Pedro, para trabajos ‘reputacionales’. Es decir, conseguir elevar a los altares la imagen de Aguirre, y que se pagaron con dinero B, y se hicieron sin contrato, el fiscal expone: “Desde abril de 2.012 hasta la dimisión de la misma como presidenta, en septiembre de ese mismo año, fue beneficiaria de trabajos de reputación y posicionamiento online llevados a cabo por las empresas de Alejandro de Pedro”.

Pero, al mismo tiempo apostilla: “No obstante, tras la instrucción llevada a cabo, no ha podido acreditarse que la misma tuviese conocimiento, ni de la contratación de los trabajos, ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaban los mismos”, pese a que se hicieron, según el propio fiscal, “única y exclusivamente en beneficio de Esperanza Aguirre”.

También se explica en el escrito que, “de la documentación intervenida a Daniel Horacio Mercado, se evidencia que, cargos propiamente electorales o vinculados al Partido Popular fueron abonados por la Presidencia de la comunidad de Madrid”, pero pese a todo, a su juicio, “no puede considerarse acreditada la participación de Esperanza Aguirre”.