De un tiempo a acá la Justicia ha vuelto a ser una de las grandes protagonistas de nuestro país. De hecho, es posible que en las reuniones familiares de estas últimas navidades ésta haya acaparado parte de la sobremesa, y es que se han ido sucediendo hechos -y otros se han agravado- que han favorecido que esto sea así: desde las polémicas surgidas a raíz de la ley del Solo sí es sí hasta el incesante bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte del PP pasando por el Tribunal Constitucional (TC).KJ

Precisamente, ElPlural.com habla en la presente ocasión con  un exletrado de este último órgano, Joaquín Urías, aprovechando que este miércoles el actual Tribunal de Garantías afronta un día clave con la elección de quien será su nuevo responsable. Sobre dicha cuestión, las anteriores y otras de actualidad, como el asalto a las instituciones por parte de seguidores de Jair Bolsonaro en Brasil, conversamos con el también profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, buscando con ello que alguien arroje un poco de luz jurídica para la democracia y sobre el desconocimiento de temas siempre complejos.

PREGUNTA (P): Las derechas mantienen -a raíz de las últimas reformas gubernamentales- que el golpe bolsonarista de Brasil sería considerado en España un delito de desorden público. ¿Qué parte de cierto tiene esta afirmación? ¿No sería más acertado hablar de delito de rebelión?

RESPUESTA (R): Lo primero que hay que tener clara es la diferencia entre ambos. Para que sea un delito de rebelión es necesario que haya una intención de derrocar el orden constitucional y no una mera intención de provocar disturbios. No tengo claro si los bolsonaristas querían realmente cambiar el orden constitucional de Brasil, derrocar al gobierno legítimo; o si simplemente estaban protestando porque no les gusta la elección de Lula y han destrozado cosas…

Si alguien quisiera en España cambiar la forma de Estado por la fuerza sería un delito de rebelión, pero si únicamente estuviera demostrando su descontento y lo hiciera de manera violenta sería de desorden público, e incluso de daños. En cualquier caso, la diferencia entre los dos apartados reside en la intención. Yo no doy por supuesto de que sea necesariamente rebelión.  Si quisieran alterar el orden constitucional sería rebelión y si no desórdenes, no agravados, porque tampoco parece que fueran actos coordinados, etc.

P: ¿Qué te parecen las comparaciones con otros episodios históricos como el 1-O de Cataluña o el ‘Rodea el Congreso’ de 2018? ¿Usa la oposición la ley como arma arrojadiza?

R: Jurídicamente esas comparaciones son un disparate. En España nunca hemos tenido algo parecido a lo de Brasil. Nunca hemos tenido a ninguna turba asaltando las instituciones. He de decir que no tengo tan claro que se pueda hablar de golpe de Estado, pero desde luego es completamente condenable.

El 1-O fue un acto pacífico, de votación, en el que si no hubiera habido intervención policial no habría pasado nada. Los catalanes se limitaron a meter papeletas en una urna improvisada, que seguramente no tendría ningún valor jurídico, pero no hubo violencia ni una agresión al Estado. Quizá lo que sucedió en la puerta de la Consejería, cuando estaba registrando la Policía, fue de algún modo un acto de protesta en la calle, pero tampoco fue una protesta violenta. Es cierto que un coche de las autoridades terminó destrozado, pero más allá de eso no quisieron entrar en la Consejería de Interior, hacer nada a la Policía… Es decir, lo de Cataluña no se parece de ningún modo.

Respecto del Rodea el Congreso, fue un acto comunicado y perfectamente legítimo. Unas protestas a las puertas del Parlamento no es lo mismo que un asalto. Creo que comparar un asalto a cualquier institución con un acto de protesta en la calle demuestra que quien hace eso no respeta el derecho de protesta. Existe este último del modo en que lo estaban haciendo los bolsonaristas hasta el día antes del asalto -pueden protestar, acampar…- y nadie se queja. Pero una cosa es eso y otra asaltar una institución. Si alguien no ve la diferencia es por intención política, no porque no la entienda.

P: El Tribunal Constitucional (TC) vive ya este miércoles y después de todo una jornada decisiva en la que se va a decidir la presidencia. La misma se va a disputar entre María Luisa Balaguer y Cándido Conde-Pumpido. ¿A quién ve favorito?

R: Es difícil. Por lo que me llega a mí parece que quien tiene más posibilidades es Cándido Conde-Pumpido, porque parece que hay más magistrados que han expresado su opinión, pero yo no me atrevo a pronunciarme sobre una decisión que tiene que tomar el TC.

En lo que a mí respecta, creo que los dos son buenos candidatos y que cualquiera lo va a hacer mejor de lo que lo ha hecho el presidente saliente que, evidentemente, no ha respetado el orden de competencias del TC ni su papel en nuestro sistema político. Pero no creo que haya en estos momentos un candidato demasiado claro, sino que cada uno tiene sus apoyos y hasta el momento es imposible decir nada. Además, la experiencia muestra que en el TC este tipo de quinielas casi nunca aciertan del todo.

P: Otro tema relacionado con la Justicia y que sigue siendo tema de debate es el que tiene que ver con la ley del Solo sí es sí. ¿Es necesaria la reforma del texto o las rebajas de penas obedecen más a la interpretación de los magistrados?

R: Cualquier reforma del Código Penal que unifique dos delitos, y ha habido muchas,  evidentemente, implica también que una persona condenada anteriormente tenga una rebaja de pena. Es algo inevitable, no lo podía quitar el Gobierno y no lo tendría por qué criticar la oposición, porque sabía que iba a pasar.

Y es algo inevitable porque al unificarse los dos delitos, la pena que antes era mayor tiene que bajar, y eso siempre trae consigo una rebaja. Los jueces que actúan están aplicando la Constitución, el principio que se refiere a la interpretación de la ley más favorable a la libertad. A veces nos olvidamos de que la gente que está en la cárcel tiene derecho a la libertad, aunque esté restringida. En ese sentido, pienso que los jueces no están actuando con tintes machistas, sino aplicando la Carta Magna y lo que siempre hemos reclamado, los derechos humanos.

P: Por tanto, nos situamos en el otro lado del debate. ¿Es realmente positiva la ley?

R: Precisamente, el debate por tanto está en si la normativa ayuda o no a defender los intereses de la mujer. Yo creo que es una ley que en la medida en que no transmite ninguna duda a la sociedad acerca de que se considera violación cualquier atentado contra la libertad sexual de las mujeres, ya sea después de drogarla, amenazarla… lanza un mensaje de protección que es muy positivo para la mujer.

P: Un asunto más que continúa generando controversia es la renovación del CGPJ. ¿Qué opinión te merece, así a bote pronto, el bloqueo del PP?

R: Cualquier partido, me da igual de uno u otro signo, que en público defienda que bloquea la renovación de un órgano está cometiendo un atentado contra la Constitución. En este caso, dicho órgano lleva además un mandato, más de cuatro años, sin renovarse. Es que va camino de 1.500 días…

R: En concreto, ¿qué te parece el argumentario último de Feijóo? El gallego se aferra a su elección de vocales (que los jueces elijan a los magistrados) y ha incluido en la última ley presentada puntos que ya contemplaba el acuerdo con el PSOE antes de que su formación lo rompiera.

R: Pienso que los argumentos de Feijóo en este caso dan igual. Cualquier justificación para defender que un órgano constitucional que debería haberse renovado hace 1.500 días no lo ha hecho o que se esté evitando que la mayoría electoral se refleje es una barbaridad y un atentado contra la Constitución.

No es cuestión de entrar a valorar cada nuevo argumento de Feijóo, porque hemos visto que da muchos. Lo que hay que hacer es instar al líder del PP y al partido a que dejen de vulnerar la Carta Magna porque se están saltando el sistema democrático. Es como si pasados los cuatro años de legislatura no se convocan elecciones. No se puede ni entrar a valorar ‘argumentos’, simplemente no quiere renovar el CGPJ.