Por fin se podrá poner punto y final a un conflicto que trae de cabeza al Ejecutivo desde el pasado año. Según publica La Razón, el Tribunal Supremo quiere pronunciarse como muy tarde en octubre sobre la exhumación de Franco y para que el Gobierno de Pedro Sánchez cuenta con el beneplácito de los magistrados.
Tras ser paralizada por los cinco magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal, por fin llegarán a una resolución final. Cabe recordar que se trató de una medida cautelar para evitar daños irreparables.
Los magistrados han de evaluar si el Real Decreto del Ejecutivo de Sánchez imposibilitaba que Franco continuara en Cuelgamuros y, a su vez, la petición de la familia del dictador de ser enterrado en la cripta de la Catedral de la Almudena si se consumara la exhumación.
Según informa La Razón, fuentes jurídicas deslizan que la Sala no ha encontrado un resquicio de ilegalidad en el decreto que desemboca en la exhumación de Francisco Franco. “Puede haber algunas dudas, pero son salvables”, relatan. Además, cabe señalar que la decisión sería unánime, pues tampoco ven ilegalidad alguna en la decisión.
No obstante, la Sala encuentra más problemas en las peticiones de la familia Franco. Esta resolución no se antoja unánime, sino todo lo contrario. La división es palpable respecto a la solicitud de enterrar los restos del dictador a la Almudena. Se duda sobre si el Ejecutivo puede oponerse al derecho de una familia a enterrar “en el panteón del que es propietario” o “interferir en un espacio, como es una catedral”.
