Manuel García Castellón, juez que instruye el caso Púnica, ha decidido imputar a las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes entre los investigados en la pieza 9. En esta se aborda la presunta financiación irregular del Partido Popular de Madrid. 

El magistrado las cita a declarar entre los días 1 de octubre y 19 de octubre junto con otros cuarenta imputados, entre los que destacan Ignacio González y el hermano de Francisco Granados. Acepta, de esta manera, la petición de la Fiscalía Anticorrupción, quien solicitó las imputaciones de sendas políticas el pasado 2 de agosto. 

Carmen Cerdá y Teresa Gálvez, las fiscales del caso, elaboraron un detallado escrito con los indicios que conducen a la presunta financiación irregular de las campañas electorales de 2003, 2007 y 2011 de los populares a través de inyecciones de dinero no permitidas. 

Empresas afines al PP, según las dos investigadoras, financiaron actos de la formación conservadora que elevarían el coste de la campaña por encima de lo permitido. Acto seguido, estas firmas se beneficiarían de adjudicaciones públicas en la Comunidad de Madrid. 

 

Las notas de Granados

Todos estos datos encuentran su origen en la agenda del exconsejero de Aguirre, Francisco Granados, que los investigadores hayaron en su vivienda. En una de las páginas, se estima un total de 2,1 millones de euros con el concepto in (entrada). La UCO (Unidad Central Operativa) concluyó que una parte de los citados fondos se los repartieron entre el exconsejero y el empresario Javier López Madrid. 

El resto de la cantidad tenía como destinatario al Partido Popular de la Comunidad de Madrid con un importe de 1.600.000 euros. Según la Guardia Civil, fue Beltrán Gutiérrez quien recibió estos fondos, los cuales fueron a parar a la campaña de las elecciones autonómicas de 2011.