El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, vivirá su particular día de la marmota el próximo 7 de septiembre cuando se vea obligado, por cuarto año consecutivo, a inaugurar el año judicial mientras está en funciones. Hay que recordar que el Órgano de Gobierno de los jueces lleva cuatro años en funciones, lo que ha provocado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya reformado, hasta en dos ocasiones, la Ley Orgánica del Poder Judicial: primero para evitar que pudieran hacer nombramientos y, después, para devolverles competencias en nombramientos, pero solo para el Tribunal Constitucional.

Como ha sucedido en los últimos años, se espera que Carlos Lesmes arremeta contra los partidos políticos, especialmente contra el PP y el PSOE, por su incapacidad de llegar a un acuerdo que permita renovar el Consejo. Pero más allá de eso, Lesmes se enfrentará al mayor ‘marrón’ en mucho tiempo cuando, tan solo 24 horas después del acto, los vocales se reúnan para nombrar las plazas del Tribunal Constitucional.

Los candidatos necesitan 11 votos a favor. Actualmente el bloque conservador tiene mayoría, lo que supone un problema pues las plazas a elegir deberían ser para los progresistas.

Tal y como explico ElPlural.com, desde el bloque conservador no tienen la intención de bloquear los nombramientos, pero tampoco venderán el pescado barato. De hecho, estos días antes del pleno, están previstas varias reuniones entre los vocales de ambos bandos para preparar las diferentes estrategias que, posteriormente, defenderán en el pleno previsto para el día 8 de septiembre.

En cuanto a la renovación del CGPJ, por el momento las negociaciones entre los interlocutores designados por PP y PSOE, -Esteban González Pons por el partido de Alberto Núñez Feijóo y Félix Bolaños por el Gobierno- se encuentran en punto muerto. Ambos partidos se culpan mutuamente de la falta de acuerdo.

Y esa falta de acuerdo está conduciendo, despacio, pero sin pausa, a un colapso en la Justicia. Llamativos son los números del Tribunal Supremo. A 14 de julio faltaban 14 jueces: doce plazas a cubrir por jubilación o fallecimiento, una por excedencia y otra más de un magistrado que se encuentra en servicios especiales. Es decir, faltan 14 de 81, lo que implica un 17,2% del total de las plazas del Supremo y casi un 22 del total de plazas por cubrir en el conjunto de España, que asciende a 64. De hecho, las fuentes consultadas en el CGPJ aseveran que el Órgano de Gobierno de los jueces necesitará un año y medio, una vez sea renovado, para poder nombrar las plazas pendientes que actualmente no dejan de crecer día tras día.