El Tribunal Constitucional ha tumbado en una sentencia la reforma del reglamento del Senado con la que el Partido Popular buscó retrasar al máximo posible la entrada en vigor de la ley de amnistía. Aunque los tres magistrados conservadores han votado en contra, la reforma ha sido tumbada al considerar que la maniobra del partido de Alberto Núñez Feijóo va en contra de lo que establece la Constitución sobre los plazos.
Esta reforma en el Senado fue puesta en marcha a finales de 2023, después de que PSOE y Junts acordaran para la investidura de Pedro Sánchez la tramitación de la ley de amnistía para perdonar los delitos relacionados con el procés catalán. En este sentido, el Constitucional se acoge a la propuesta formulada por el magistrado progresista Juan Carlos Campo en la que instaba a estimar la impugnación formulada por más de 50 senadores socialistas contra la reforma de los artículos 133 y 182 del Reglamento.
A través de esta reforma, la Mesa del Senado se hacía con la potestad de decidir autónomamente sobre la tramitación de urgencia de las proposiciones de ley, también cuando estas estuvieran tramitadas por el procedimiento de urgencia en el Congreso de los Diputados. Además, los ‘populares’ incluyeron en la reforma la modificación del artículo 182, de modo que el presidente del Gobierno y el resto de miembros del mismo estaban obligados a comparecer en el Senado cuando lo solicitaran dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los senadores.
Los socialistas alegaron que los citados artículos podían vulnerar el artículo 90.3 de la Constitución, según el cual "el plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso".
También sostenían que la tramitación de la reforma había prescindido de los trámites esenciales previstos en el Reglamento del Senado, lo que determinaría la invalidez de la reforma en su integridad. Esta reforma reglamentaria provocó que la ley de la amnistía estuviera dos meses frenada en la Cámara Alta. Finalmente, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 11 de junio.
Ahora, a raíz de los siete votos de la mayoría progresista con el del magistrado conservador César Tolosa, la ponencia presentada por Campo ha salido adelante, con la negativa del resto del bloque conservador.
El PP denuncia "colonización de instituciones"
Después de conocerse la sentencia del Constitucional, el Partido Popular ha cuestionado la "urgencia" en la que se ha anulado la reforma y ha acusado al portavoz socialista, Juan Espadas, de llevar adelante algo que refleja la "colonización de las instituciones que está llevando a cabo el sanchismo, como cuando adelantaron noticias sobre el caso de los ERE o la investigación a González Amador".
Al margen del objetivo último de esta reforma impulsada por los populares -retrasar la entrada en vigor de la Ley de Amnistía lo máximo posible-, desde el PP han añadido que la intención era que no se perdiera la calidad legislativa de las normas a su paso por el Senado, señalando que este es uno de los "pilares" de la propuesta de reforma integral del Reglamento registrada por los 'populares'. "En este sentido, el PP vuelve a tender la mano al PSOE para avanzar en una reforma del reglamento consensuada que ponga en valor a la Cámara Alta", han señalado.
Entre otras cosas, los populares han apuntado que esperan que "detrás de esas maniobras no se escondan las urgencias de Sánchez para aprobar una serie de leyes que le urgen, como la Ley Begoña": "Una urgencia que sí ha mostrado el Tribunal Constitucional al resolver esta cuestión en su primera deliberación".
