El Tribunal Constitucional ha cerrado el círculo y ha declarado inconstitucional el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Así, el Tribunal de Garantías dicta la tercera sentencia en el mismo sentido. Las dos anteriores son la del primer estado de alarma y la del cierre del Congreso de los Diputados, ambas declaradas inconstitucionales.

Este fallo, que ha salido adelante con seis votos a favor y cuatro en contra, sigue la estela de los fallos anteriores. La sentencia cuenta con los votos particulares en contra de tumbar el estado de alarma formulados por el presidente, Juan José González Rivas, y los magistrados Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer.

Unos fallos sobre el estado de alarma que presuntamente no habrían seguido estos derroteros si el magistrado progresista, Fernando Valdés, no hubiera tenido que dimitir por un asunto de violencia de género justo antes de que se avocara a pleno el primer estado de alarma donde Valdés era el ponente y estaba a favor del decreto del Estado.

Es más, esa dimisión dejó todos los recursos posteriores a los pies de una mayoría conservadora, pues ya no había empate y voto de calidad del presidente que no quería tumbar el estado de alarma. Una mayoría que no dudó en desechar la ponencia que Valdés tenía preparada a favor del estado de alarma para cambiar a un ‘rezón’ jurídico para el Gobierno. Rejón firmado por el magistrado Pedro González-Trevijano, quien admitió lo expuesto por la formación de Santiago Abascal que aseveraba que el Ejecutivo no hizo un uso apropiado de esta herramienta (estado de alarma) que canceló, de facto, derechos fundamentales como el de reunión y manifestación durante el encierro.

Pero más allá de la sentencia que evidencia, según el Constitucional, que el Ejecutivo no hizo lo que debía, lo que queda claro es que el absoluto ganador de la partida ha sido el partido de extrema derecha Vox, quien interpuso los recursos que han terminado con una sentencia contraria a lo aplicado por e Gobierno.

Es más, la renovación de cuatro plazas del TC no cambia las actuales mayorías. De hecho, sigue siendo el bloque conservador el que tiene todos los visos de ganar en cualquier votación. Es ahí donde salta la pregunta de si el PP de Pablo Casado aboga por renovar los órganos, o volverá a meter el freno de mano en junio cuando haya que renovar las cuatro plazas de magistrado que darían un vuelco en las votaciones, dejando el TC con una composición de mayoría progresista.