La Sección Tercera de la Audiencia Nacional ha corregido al juez, Manuel García-Castellón, que investiga las supuestas presiones al abogado del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, y le ha instado a tomar declaración a la exministra y exsecretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal, y al comisario jubilado José Manuel Villarejo como testigos. Así, los jueces consideran "útilies y necesarias" estas diligencias.

En el auto, adelantado por el Periódico de España, los magistrados explican: "No puede compartir la Sala el criterio del instructor, plasmado en las resoluciones recurridas, sobre la condición de meros testigos de referencia de las personas cuya diligencia de declaración ha sido denegada", pues a su juicio, Cospedal, "puede aportar información relevante" sobre esta pieza del caso Tándem.

Sobre el motivo de que sea necesario citar a ambos, dicen los jueces en el auto que, "el que no hayan intervenido en las conversaciones grabadas no los coloca en tal posición si, como se señala por los intervinientes y se refleja en las notas, estuvieron en reuniones, situaciones u otras circunstancias que les permitieron conocer directamente los hechos investigados en todo o en parte".

La pieza

El ex juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, fue el abogado del extesorero y fue justo en esa época cuando, según las investigaciones fue uno de los objetivos del operativo parapolicial de 'Kitchen' por ser letrado del extesorero del PP.

El propio abogado señalaba en su escrito de personación que, "lo relevante a los presentes efectos es que el abogado Gómez de Liaño, como también la abogada María Dolores Márquez de Prado y todo el despacho profesional, estuvieron entre las personas que fueron ilícitamente espiadas en el marco de la 'Operación Kitchen' para obtener información y documentación respecto a Luis Bárcenas".

Gómez de Liaño y Márquez de Prado ejercieron la defensa de Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, entre julio de 2013 y enero de 2015, precisamente el periodo en el que, según el relato judicial, se habría puesto en marcha desde el Ministerio de Interior un operativo parapolicial, financiado con fondos reservados, para espiar al ex tesorero del PP y robarle la información sensible que pudiera guardar sobre el partido y sus dirigentes para impedir que llegara a la Justicia.

El otrora magistrado considera que "lo correcto", "a la vista de esas anotaciones manuscritas", habría sido que el Juzgado Central de Instrucción Número 6 le hubiera ofrecido personarse, si bien, dado que no fue así y que "el asunto no está del todo concluso, entre otros motivos porque hay recursos de apelación pendientes", solicita que se le tenga por personado.