Este viernes la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la conclusión de sumario y ha acordado, en consecuencia, abrir juicio oral contra los 12 miembros de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo.

Los magistrados de la Sección Tercera avalan así la decisión del juez instructor Manuel García Castellón en la conocida como 'Operación Judas', la cual se llevó a cabo en septiembre de 2019 contra un grupo de personas a los que el magistrado vinculaba con el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por individuos de diferentes CDR con gran radicalidad y que pretendían, a través de la violencia, conseguir la independencia de Cataluña.

En concreto, los procesados son Eduardo Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomas Aubeso, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Joaquín Delgado; todos ellos por pertenencia a organización terrorista así como tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos con fines terroristas. Cabe sumar a la par a Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero, que también irán a juicio, aunque a estos sólo se les imputa la pertenencia.

En su momento, varios de los procesados recurrieron ante la Sala de lo Penal la conclusión del sumario al tiempo que solicitaron la práctica de diligencias de investigación que los magistrados han considerado innecesarias en algunos casos, si bien han apuntado que otras se podrán acordar en la vista oral.

Además, la Sala de lo Penal rechaza la petición de archivo formulada por tres de los procesados que alegaban falta de indicios de la comisión de un delito de pertenencia a organización terrorista.

Los planes de CDR para conseguir la independencia

Según rezan las conclusiones de la instrucción, el grupo de más de una decena de miembros del CDR evidenciaba “una gran radicalidad” y una total entrega a la causa independentista, un fin que pretendían lograr a través de la vía de la violencia. Nueve de los procesados también hacen frente a cargos por tenencia, depósito y fabricación de aparatos inflamables.

La conclusión de las pesquisas también determina que planeaban atacar infraestructuras de comunicaciones o edificios públicos para generar aún más tensión violenta que culminase en la ruptura de la Generalitat con el Estado español. Algunos de estos puntos que sirvieron como objetivo en sus planes eran la Comandancia Naval de Barcelona, la Delegación del Gobierno en Barcelona, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; así como miembros o instalaciones de las fuerzas de cuerpos y seguridad del Estado.

No obstante, el plan maestro era apuntar a lo más alto: hacerse con el Parlament de Cataluña en el momento en que coincidió con la publicación de la sentencia contra los líderes del procés catalán del Tribunal Supremo.

Los CDR tildan de “inadmisible” las negociaciones de ERC y Junts con el PSOE

En lo que concierne al espectro político, especialmente, por el reciente pacto entre ERC y PSOE de cara a la investidura de Pedro Sánchez y a falta de conocer la postura que adoptará Junts al respecto, los CDR han criticado este viernes que la negociación de los independentistas “con el enemigo no es admisible”, pidiendo así reactivar la declaración unilateral de independencia (DUI) de 2017, la que causó los disturbios del 1 de Octubre.

En un comunicado difundido en la red X -antes conocida como Twitter- este viernes, han acusado a Junts y ERC de "colaborar con la desmovilización del independentismo y el retorno a un autonomismo recortado", en referencia a las negociaciones que llevan a cabo con el PSOE para la reelección del presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura.

También les reprochan poner "sobre la mesa unas propuestas no consultadas con nadie con la intención de enterrar el compromiso de la DUI", y de ceder de facto el monopolio de la unilateralidad al Estado, en sus palabras. Además rechazan la ley de amnistía, a la que los partidos independentistas supeditan la investidura y que ERC anunció este jueves en su acuerdo con el PSOE, por "segregar a la clase política procesista del activismo de base". Añaden, a renglón seguido, que esta amnistía sería "una forma de blanquear a España internacionalmente" y de aceptar su potestad sobre Cataluña.