El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha abierto juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González, así como contra otras 14 personas, entre los que destacan exdirectivos de la entidad bancaria y mandos policiales, por una serie de presuntos encargos ilegales realizados al excomisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016.
En el auto de apertura de juicio oral de la pieza 9 del caso Tándem, el magistrado envía a juicio al BBVA por supuestos delitos de cohecho y otros presuntos 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Respecto a González, el instructor le sienta en el banquillo por supuestos delitos de cohecho activo y pasivo, 42 presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental. La Fiscalía Anticorrupción pide para el expresidente de la entidad bancaria 173 años de prisión, mientras que para el BBVA solicita una multa de 181,1 millones de euros.
Al hilo de lo anterior, el juez de la Audiencia Nacional fija una cantidad de 1,17 millones de euros para asegurar las responsabilidades civiles con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes en el caso de que no depositen esa fianza en el plazo de tres días. A partir de ahora, los abogados de los investigados disponen de un plazo de diez días para presentar sus escritos de defensa y proponer las pruebas que consideren oportunas de cara a la vista oral.
Por los mismos delitos por los que se encausa a González, también serán juzgados otros siete exdirectivos del banco: Ángel Cano, consejero delegado en la época de los hechos; Julio Corrochano, ex jefe de Seguridad Corporativa y a quien se le atribuye ser el enlace entre BBVA y el Villarejo; Antonio Béjar, ex responsable de riesgos del banco y expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN); Eduardo Arbizu, quien fuera máximo responsable del departamento de Regulación y Control Interno de la entidad; José Manuel García Crespo, antiguo responsable jurídico del banco; el magistrado Eduardo Ortega, ex director de los servicios jurídicos de BBVA; y Joaquín Gortari, quien fuera jefe de Gabinete de González y responsable global de Auditoría Interna. Asimismo, en la lista de investigados también figura el nombre de Óscar Santos Touche, empleado del banco que supuestamente mantuvo la relación con el entorno de Villarejo hasta 2018.
Por lo que respecta a los mandos policiales o el entorno de Villarejo que serán juzgados, el magistrado señala al abogado Rafael Redondo, socio de Villarejo en el Grupo Cenyt; el expolicía Antonio Bonilla; José Santiago Sánchez Aparicio, ex comisario general de la Policía Judicial; Manuel Vázquez López, ex comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional; así como un agente de policía.
Anticorrupción pide 173 años de prisión para González
El pasado mes de marzo, la Fiscalía Anticorrupción pedía una pena de 173 años de cárcel para el expresidente del BBVA y una multa de 181 millones de euros para la entidad bancaria de cara al juicio por la contratación del excomisario para la presunta comisión de una serie de encargos ilegales entre 2004 y 2006. Una petición de pena que justificaba con delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros.
La Audiencia Nacional confirmó el pasado 20 de febrero el procesamiento del BBVA, de su expresidente González y de una serie de exdirectivos de la entidad por esos presuntos hechos.
En relación con González, la Sala Tercera de la AN señaló que alguno de los contratos con CENYT, el grupo empresarial de Villarejo, fueron ordenados por el entonces presidente del BBVA, "que ya sabía quién era esta entidad y sus métodos de investigación por los contratos anteriores". A juicio del tribunal, no era irrazonable la interpretación de indicios que hacen el auto recurrido y las acusaciones para llegar a la conclusión de la participación de González en los delitos de cohecho y revelación de secretos provisoriamente imputados y, en definitiva, de que sabía que la información que CENYT había obtenido en cumplimiento de los contratos referidos "fuera sin respetar la legalidad".
Todo ello, añadieron, sirviéndose de funcionarios policiales para acceder a datos de carácter íntimo y personal y a fuentes cerradas con injerencia en los derechos fundamentales de las personas investigadas, y sin autorización judicial, sin perjuicio de lo cual ordenó seguir contratando los servicios de Villarejo."Estos hechos presentan los caracteres de delitos continuados de cohecho y revelación de secretos como se señala en el auto recurrido, que impide el sobreseimiento de las actuaciones interesado, todo lo cual nos lleva a la desestimación del recurso en este punto", apostilló la Sala.
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