La Fiscalía Anticorrupción reclama al magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata que termine la instrucción de la causa por la presunta venta irregular de armas a Angola por parte de la empresa semipública Defex S.A y que abra procedimiento abreviado contra 27 personas y cuatro sociedades: Defex S.A, Comercial Cueto 92 S.L y Global Reach S.A.
La Fiscalía considera que de la investigación se desprenden serios indicios de delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos fiscales, delito de malversación de caudales públicos, delito de apropiación indebida, delito de blanqueo de capitales, delito de falsedad documental, y delito de organización criminal.
DEFEX, la empresa semipública con un 51 por ciento del Estado y el resto participación privada. En esta trama están implicados el presidente de DEFEX hasta junio de 2012, José Ignacio Encinas Charro, y el coronel de infantería de marina retirado, Ángel María Larumbe, además de la sobrina del espía Francisco Paesa, Beatriz García Paesa; el exdirector financiero de DEFEX Enrique Gómez Cuesta, y el exapoderado de la compañía Manuel Iglesias Sarrià. DEFEX depende de la pública Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).
Comisiones derivadas a paraísos fiscales
Las investigaciones comenzaron en 2012, cuando las autoridades luxemburguesas dieron la voz de alarma a España al preguntar por una transferencia de 41 millones de euros realizada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Defex-Cueto 92, ésta última firma dedicada a la comercialización de armas.
El dinero, según la investigación judicial, formaba parte de una comisión de 70 millones de euros que los responsables de la UTE habían desviado a distintos paraísos fiscales tras firmar un contrato con Angola por 152,9 millones en 2008.
Las comisiones cobradas por los cabecillas de esta trama se encuentran en cuentas en Luxemburo, Hong Kong, Singapur y Suiza, y están bloqueadas las de los principales sospechosos. La mayor parte del dinero se ingresaba en bancos en Singapur, país que no colabora con la Justicia española, y donde se perdió su rastro en las empresas Bergamote, Foolham, GTF Services y Gypsey Investment.
El fiscal anticorrupción Conrado Sáez abrió diligencias tras el aviso de Luxemburgo, aunque el caso no se judicializó hasta junio de 2014, cuando recayó en el juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, que señaló como principales imputados al responsable de Comercial Cueto, Juan Carlos Cueto, y varios directivos de Defex.
