La Fiscalía Anticorrupción ha acordado archivar su investigación sobre el contrato de emergencia para la adquisición de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante "la ausencia de indicios de la comisión de infracciones penales". Sin embargo, el caso sigue vivo puesto que la Fiscalía Europea también tiene abierta una investigación, ya que el material se pagó con fondos europeos, lo que les otorga la competencia en parte de la causa. El hermano de la presidenta se embolsó 234.103,52 euros por hacer de intermediario.

De hecho, el fiscal jefe Anticorrupción no ha entrado a valorar la parte que llevan en la Fiscalía Europea y que investiga posibles delitos de malversación, fraude a los intereses financieros de la UE y cohecho.

Del hermano de Ayuso especifica: "La investigación practicada no ha puesto de relieve elemento indiciario alguno de que Tomás Díaz Ayuso llevara a cabo actuaciones, diligencias o gestiones ante el Sermas o ante cualquier otro organismo o servicio de la Comunidad de Madrid tendente a conseguir un trato de favor para la empresa Priviet, ni siquiera que aportara a esta empresa algún contacto con funcionarios públicos que, por otra parte y de acuerdo con el procedimiento seguido por la Subdirección General de Contratación antes descrito, no era en absoluto necesario para presentar la oferta".

Y apostilla que, "tampoco consta que los distintos órganos administrativos intervinientes siguieran en la adquisición de las mascarillas a Priviet un procedimiento distinto al legalmente previsto ni que se diera a esta empresa un trato de favor". 

El decreto

En un decreto firmado este mismo jueves, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, da carpetazo a los hechos denunciados por PSOE, Podemos y Más Madrid sin realizar "pronunciamiento alguno" a los "posibles delitos de malversación" de fondos europeos que investiga la Fiscalía Europea.

En su escrito, el fiscal jefe explica "En el Decreto de incoación de las presentes Diligencias de 22 de febrero de 2022 ya decíamos que con su apertura se buscaba el esclarecimiento de los hechos denunciados pues, aunque no se formulaban imputaciones concretas, debían ser objeto de investigación para confirmar o descartar su trascendencia penal. Pues bien, la investigación practicada permite descartar la existencia de conductas penalmente relevantes en el proceso de adquisición de mascarillas"

Así, en el decreto, Luzón realiza una explicación del contexto de la compra de las mascarillas: "Difícilmente puede hacerse abstracción de las circunstancias que concurrieron en esta y otras adquisiciones de material de protección, con toda la población madrileña -y española- confinada, centenares de muertes diarias y la apremiante y casi dramática necesidad de adquirir mascarillas que protegieran, en primer lugar, al personal sanitario, especialmente expuesto al virus. Los usuales parámetros comerciales necesariamente hubieron de ceder ante las excepcionalísimas condiciones de un mercado que demandaba a nivel global un volumen de material sanitario que los canales habituales de abastecimiento, colapsados, no podían atender, lo que provocó una perturbación significativa de la cadena de suministro".

y añade que, "la imposibilidad de contar con los suministros sanitarios imprescindibles en las primeras etapas de la pandemia, tanto en España como en otros países, produjo una notable incertidumbre en relación con la negociación de los contratos y la fijación de los precios, las calidades de los productos, los plazos de entrega o, incluso, acerca de la propia certeza sobre el buen fin de las operaciones comerciales llevadas a cabo".

Es por ello que dice que, "es preciso tener en cuenta todas estas circunstancias para evitar incurrir en un indeseable sesgo retrospectivo que distorsionaría las conclusiones de la presente investigación". Explica el decreto que Tomás Díaz Ayuso tenía una amplia experiencia en el mercado sanitario y que, al comenzar la pandemia, y como Priviet tuvo problemas económicos debido a la misma, el hermano de la presidenta les propuso propuso "una oportunidad de negocio consistente en que Priviet aprovechara su experiencia y capacidad logística y financiera para realizar importaciones del mercado asiático aportando él al proceso comercial su conocimiento de la gestión sanitaria y del mercado sanitario, de los proveedores y clientes potenciales así como de las calidades y especificaciones de los productos demandados".

Para el representante del Ministerio Público, lo hecho por Priviet, "no resultaba infrecuente en aquellos días en los que incontables empresas en todo el mundo, especialmente textiles, derivaron temporalmente su negocio a la comercialización de material de protección frente al Covid-19".

El dinero

Según el decreto de archivo, Daniel Alcázar Barranco aceptó emprender esta colaboración comercial con Tomás Díaz Ayuso acordando que Priviet le remuneraría con una cantidad fija de 175.000 euros y un bonus a determinar por cada operación de venta exitosa, en función de su rentabilidad, que no se fijó inicialmente debido a la fluctuación de precios de venta de los fabricantes y del transporte, pero estableciendo en todo caso un tope máximo del 7%.

"Por lo que se refiere a la facturación, el pago y el cobro de la comisión, el procedimiento seguido debe calificarse de transparente: Tomás Díaz Ayuso, en su condición de autónomo, factura en su propio nombre, como persona física, y por el concepto real (comisión comercial); Priviet transfiere el importe a la cuenta del Sr. Díaz Ayuso y ambos cumplen con sus correspondientes obligaciones tributarias" explica el decreto.

El procedimiento

Se narra que, Tomás Díaz Ayuso no tuvo intervención en el procedimiento seguido en la Subdirección General. "De acuerdo con las declaraciones prestadas en estas Diligencias y con la propia documentación aportada no fue él quien contactó con la Subdirección sino Priviet, desconociéndose en dicha Subdirección que Díaz Ayuso tuviera relación alguna con esta empresa. Es significativo al respecto que en los correos que envió Priviet a la Subdirección, Tomás Díaz Ayuso figurara en copia oculta, por lo que su intervención en la operación, de asesoramiento técnico a la empresa para preparar la oferta, fue desconocida por los funcionarios tramitadores de esta".

Sobre el contrato, dice el fiscal que, "esta contratación, que ha sido favorablemente informada en el correspondiente Informe de Fiscalización aprobado por acuerdo del Consejo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de 23 de marzo de 2022, fue plenamente conforme con el procedimiento previsto para la tramitación de emergencia".

La empresa Priviet iba a importar las mascarillas de una empresa, pero al final las trajo de otra y explica el decreto que, las mascarillas finalmente suministradas a la Comunidad de Madrid fueron las fabricadas por Zhangjiagang Xiecheng Mechanical Equipment. "En cada caja que contenía el material entregado aparece adherido a tamaño A4 el Certificate of Compliance emitido por ECM para esta empresa que, como se ha dicho, era válido. En definitiva, las mascarillas respondían a las especificaciones y calidad contratadas y así fueron aceptadas por el Servicio Madrileño de Salud".

Precio de las mascarillas

En cuanto al precio de las mascarillas, las vendidas por el hermano de Ayuso fueron las cuartas más caras de 37 contratos analizazdos. La explicación que da Anticorrupción es: "Que el Servicio Madrileño de Salud intentó adquirir el mayor número de mascarillas posibles dentro de unos márgenes que comprendían un amplio rango de precios.