El juez Juan Carlos Peinado, encargado que investigar a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, no deja de ser protagonista por sus acciones judiciales. En este sentido, si bien ha sido el caso de la esposa del presidente del Gobierno -en el que insiste en encontrar algo que, más de un año después, sigue sin hallar- el que le ha convertido en una figura mediática, sus exabruptos van más allá del análisis de estos hechos.
El último de esos deslices -nombrados a propósito de esta manera, ya que fueron, presuntamente, errores- tienen que ver con una plataforma de criptomonedas y con el Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida.
A ello se tiene que añadir que la actualidad más inmediata manda, y que bajo este escenario el Tribunal Supremo dio carpetazo a la investigación sobre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ante la ausencia de pruebas incriminatorias contra el miembro de Moncloa. La lista, sin embargo, es amplia.
Empresa de criptomonedas
Sobre lo primero, el magistrado favoreció a una empresa de ‘criptos’ contra la que familiares de afectados interpusieron una denuncia. El juzgado de Instrucción número 41 de Madrid -el de Peinado- inició la investigación de esta causa -a la plataforma IM Academy se le acusó de delitos contra el derecho de los trabajadores, contra la hacienda pública, coacciones psicológicas o amenazas y asociación ilícita -en 2021, pero no prorrogó el plazo en 2022, cuando ya había terminado el tiempo legal de instrucción.
Ayuntamiento de Almeida
El tema que concierne al Consistorio de Cibeles también fue una cuestión de plazos, más concretamente, en aquella ocasión Peinado favoreció a un alto cargo del equipo del ‘popular’ en una relación de contratos que encontraron su base en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) e iban dirigidos a la editora de OkDiario; el medio de Eduardo Inda.
Rescate de Air Europa
Ya dentro de lo referido a Begoña Gómez, algunos órganos jurídicos han tenido que delimitar el marco jurídico en el que el magistrado pretendía moverse, al considerar que se estaba extralimitando en sus funciones. Algunos ejemplos de esto son la investigación por el rescate de Air Europa, las imputaciones de personas clave, o actuaciones que la Audiencia Provincial consideró completamente fuera de lugar como el registro de viviendas.
Y, de repente, imputados
En su ímpetu por vislumbrar algo punible entre Gómez y la aerolínea, Peinado insistió en incluir aspectos excluidos anteriormente del procedimiento, recordándole que solamente podía investigar un delito; o en abrir diligencias que los jueces no le permitieron. En el auto, el tribunal terminó anulando asimismo las imputaciones del rector de la Universidad Complutense (UCM), Joaquín Goyache, y del directivo del Instituto de Empresa (IE), Juan José Güemes, hombre fuerte de Esperanza Aguirre que negó las intenciones de Peinado y pasó a estar imputado en cuestión de minutos.
Registro de viviendas y llamadas telefónicas desestimados
Siguiendo con los nombres propios, no podía faltar el del empresario Juan Carlos Barrabés, con el que cerraron contratos administraciones de todo color político, lo cual el magistrado obvió. En su caso, el órgano jurídico madrileño estimó los recursos presentados por la Fiscalía y la defensa del propio Barrabés contra el análisis de sus dispositivos electrónicos y el registro de su vivienda.
La Audiencia todavía corregiría una vez más a Peinado después de que el juez solicitara el registro de llamadas realizadas y recibidas por una asistenta de Begoña Gómez, Cristina Álvarez. El magistrado incluyó en la lista de conversaciones con empresas que ni siquiera tenían relación con los hechos investigados.
El marco de la extrema derecha
En otro orden de cosas, Peinado ha comprado el discurso de Vox, siendo un caso evidente de esto un procedimiento impulsado por la extrema derecha contra la editorial Santillana por supuestos delitos de injurias, calumnias y odio. El magistrado dictó un auto acordando continuar la tramitación por procedimiento abreviado, a pesar de al evidente debilidad jurídica de la acusación.
Todo quedó en agua de borraja después de que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid revocara el auto y ordenara el sobreseimiento libre de la causa, el estimar que las personas jurídicas no podían ser responsables penales por delitos como los que aquí se suponían. Eso sin tener en cuenta que los hechos denunciados estaban prescritos. A más a más, la Audiencia desestimó el intento de Vox de forzar la inclusión del delito de odio, recordando que este tipo penal no está pensado para proteger a partidos políticos, sino a colectivos vulnerables frente a discursos discriminatorios.
El Constitucional también desestima al juez
El propio Tribunal Constitucional (TC) contradijo a Peinado. El Alto Tribunal estimó un recurso de amparo del exviceministro venezolano, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, al que el juez había decretado prisión provisional en una causa por presunto blanqueo de capitales. La realidad fue que el magistrado habría vulnerado el derecho a la libertad personal y otros como el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva.
Según esa sentencia, Peinado acordó la prisión provisional sin garantizar a la defensa el acceso a los elementos esenciales de la causa, impidiendo con esta acción una contradicción efectiva de la medida. El organismo subrayó que el investigado no fue informado con antelación suficiente ni de los hechos concretos que se le imputaban ni de las pruebas en su contra, lo cual contraviene los estándares nacionales e internacionales de protección de derechos fundamentales.
Más allá del Peinado juez
El juez que investiga a Begoña Gómez no solo ha intentado condenar, sino que también ha sido condenado. Así las cosas, corría el año 2012 cuando la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Madrid lo condenó a pagar 75.366,61 euros a la compañía Construcciones Ruano Zapata S.L. por incumplimiento de contrato en una reforma de sus vivienda. En última instancia, destacar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) denegó al magistrado impartir clase en horario de mañana en la UCM al existir conflicto de intereses, ya que la universidad pública aparecía precisamente en la investigación contra Gómez.