Alberto Casero no irá a prisión. El exdiputado del Partido Popular se enfrentaba a ocho años de cárcel por presuntos delitos de prevaricación y malversación en su etapa al frente del Ayuntamiento de Trujillo (Extremadura). Sin embargo, en la audiencia previa al juicio oral, ha alcanzado un acuerdo para evitar el proceso y acepta una condena de un año y nueve meses de prisión, así como seis años de inhabilitación.
Llegó el acuerdo. El exdiputado del Partido Popular Alberto Casero ha aceptado una condena de un año y nueve meses de cárcel, por las acusaciones de prevaricación y malversación en su etapa como alcalde de Trujillo. Resultado de la negociación entre las partes, el ex regidor conservador no ingresará en prisión al tratarse de una pena inferior a los dos años que estipula la frontera.
En la mañana de este martes, se ha celebrado en Cáceres la audiencia previa de este caso, donde el magistrado investiga cinco contratos de la época en la que Casero ostentaba el cargo de primer edil de Trujillo. Los hechos se acotan a 2011 y transcurrieron, según los investigadores, hasta el año 2019, cuando es llamado a filas para engrosar el Grupo Parlamentario Popular, previo paso por las elecciones.
Según la acusación, el exalcalde de Trujillo habría concertado con diferentes personas y entidades una ristra de contratos de servicio, patrocinio o convenios y lo hizo, además, al margen de toda formalidad por la normativa aplicable en cada caso. Por ello, la Fiscalía solicitaba ocho años de prisión para el que fuera regidor de los conservadores en el municipio extremeño, amén de una indemnización al consistorio de 70.000 euros para que se le inhabilitara durante veinte años.
La reunión de este martes no ha llegado a la hora de duración, sellando el acuerdo lo más rápido posible. Pese a que la negociación le ha liberado del ingreso en prisión, el exdiputado del Partido Popular no ha disparado su estado de euforia. “Nunca se está satisfecho por esto, pero esto es lo que hay”, ha comentado el propio Casero a la salida de la Audiencia Provincial de Cáceres.
El magistrado dictó sentencia oral en estos términos de condena, a cumplir tras el acuerdo de conformidad. Habrá que esperar 20 días para la sentencia escrita, aunque la oral ya declara a Casero como autor de los delitos de prevaricación y malversación por cinco contratos públicos de servicio, patrocinio o convenios entre 2017 y 2018. Asimismo, el exalcalde ha estado asistido por su letrado, Bernardo del Rosal y deberá abonar al consistorio trujillano un pago inicial de casi 10.000 euros y mil euros mensuales durante 60 meses.
Varios contratos bajo sospecha
Esta causa tiene su origen en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo, que abrió diligencias previas tras una denuncia de la Fiscalía que hacía referencia a contratos, acuerdos yconvenios que fueron concertados bajo la administración de Casero en su etapa como alcalde. Dado que Casero era diputado nacional, el procedimiento pasó al Tribunal Supremo.
Entre esos contratos, se señala que el 3 de marzo de 2017 Casero contrató a un psicólogo para atender a mujeres víctimas de violencia de género, y cobró cuatro facturas de 6.120 euros. Seguidamente, el 29 de agosto de ese mismo año suscribió otro contrato menor con el mismo psicólogo, con duración de un año y por 18.000 euros. Justo por debajo del mínimo legal para hacer un concurso público.
En otro de los contratos investigados que Casero firmó en 2017 con la Cámara de Comercio de Perú, un convenio de cooperación institucional que supondría 25.000 euros a las arcas municipales, la Justicia ha comprobado que el mismo no fue aprobado en pleno ni por resolución de alcaldía. Tampoco informó a la Intervención, tal y como recoge la exposición razonada.
El mismo hacía también referencia a la contratación en 2017 y 2018 de la gala de los Premios Nacionales de la Música y las Artes Pop Eye por 42.000 euros sin "procedimiento administrativo alguno de contratación".
Por último, y el más conocido, se hace alusión a una empresa para la organización de la Feria Internacional del Queso por el procedimiento de contrato menor y por 14.403 euros. También por debajo del mínimo legal. El mismo, se firmó en 2018 sin informar tampoco a los servicios competentes tal y como dicta la ley. Por último, el exdiputado popular suscribió con una empresa de comunicación un contrato de servicios y promoción de la citada feria, "debiendo ser licitado en procedimiento abierto. Tras dejar su acta como diputado y dejar de estar aforado, el procedimiento fue devuelto al ámbito judicial cacereño donde ha seguido el procedimiento.
