Superando todos los récords y muy por encima de las cifras registradas en los últimos años, el Gobierno ha activado todas las alertas con la previsión de que desde este mes de julio hasta final de año lleguen un total de 70.000 personas a Canarias desde las costas africanas, que, sumadas a las actuales, se situarían en un total de 90.000 personas en busca de auxilio.
El agravamiento de la situación llevó al Gobierno central, con el respaldo del insular, a modificar la Ley de Extranjería mediante un Real Decreto Ley. El periódico El Mundo ha podido acceder a la propuesta y, según señalan, en esta se pone de manifiesto el notable aumento de la inmigración procedente de África en territorio europeo y donde se prevé esa posible llegada de 70.000 personas a Canarias desde las costas de África. Añaden en este sentido que “es particularmente acusada la afectación a ciertos territorios de nuestro país, como es el caso de Canarias, Ceuta y Melilla”.
¿Qué pretende el decreto?
Tan solo hace falta atender a los datos para comprobar que el drama humanitario va en aumento y las previsiones no apuntan precisamente a la mejoría. En 2022 llegaron a las Islas Canarias por vía marítima 15.682 migrantes. En 2023, la cifra aumentó hasta los 39.910 migrantes y, pese a que fue superior a la del año anterior, ambas cifran se sitúan muy lejos del alarmante dato que se espera para 2024. Si para final de año, el Gobierno prevé que sean un total de 90.000 personas las que lleguen de África hasta Canarias, esto es, seis veces más que en 2022, en los seis primeros meses de 2024 ya han llegado 24.898 personas, casi el doble que en el mismo periodo el año pasado.
Ante esta alarmante situación, la propuesta del Real Decreto parte de la base de un reparto de los migrantes que llegan a Canarias, Ceuta y Melilla, entre el resto de las comunidades autónomas, poniendo especial atención a los menores no acompañados que viajan por las aguas del Mediterráneo buscando tierra firme y tratando de esquivar la muerte. De esta manera, el decreto añade un nuevo artículo 35 bis de la Ley de Extranjería que comprende una “contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada”.
En esta línea, el miércoles pasado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, ya se reunieron con el objetivo de trazar las primeras líneas del que será este reparto de migrantes. Tal y como señaló el presidente del Ejecutivo central, se busca con esto también poner solución a una recepción desmesurada de migrantes que Canarias no puede sostener si no es compartido con otras autonomías y señaló que los servicios sociales canarios están actualmente colapsados. Concretamente, los datos señalan que el Servicio de Atención Humanitaria únicamente en Canarias está ya al 42%.
Solidaridad del PP en entredicho
Mientras que la solidaridad entre autonomías y la crisis migratoria en las aguas del Mediterráneo parece estar en boca de todas, desde las filas de la derecha optan por blindar esta ayuda. Fue concretamente el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, quien instó la semana pasada al Gobierno a desplegar la Armada para impedir la llegada de migrantes a Canarias, algo que en su día ya se hizo desde Vox. “Pueden disponer de las Fuerzas Armadas y desplegar embarcaciones que impidan los cayucos que ponen en riesgo la vida de las personas que van en ellas salgan al mar y finalmente lleguen a nuestro país”, señalaba.
Una petición que puso en entredicho la supuesta solidaridad del Partido Popular en este ámbito y que provocó incluso la reacción de la propia Armada. Con una contundente negativa a la propuesta de los populares, la marina de guerra repitió la respuesta que ya dio a Vox en su día. El almirante Teodoro López Calderón, jefe del Estado Mayor de la Armada, señaló que la obligación de “cualquier barco de guerra de España que se encuentra con una patera” es rescatarla y auxiliarla. “Si cualquier barco de Guerra de España se encuentra con una patera en una situación en donde la vida de los que están en ella está en peligro, su obligación de todo tipo, legal, moral, etcétera, es rescatarlos, y eso es lo que se haría”. Sobre el bloqueo naval, López Calderón añadió que esa opción no es posible ya que no se puede hacer bloqueo naval en un territorio del propio país.
