El reparto de migrantes en las diferentes comunidades autónomas está constituyendo el centro del debate entre las fuerzas de derecha y extrema derecha y poniendo sobre un hilo la gestión del Gobierno central en esta materia. Lo último: la petición del Partido Popular para que la Armada despliegue sus embarcaciones e impedir la llegada de migrantes a Canarias.
Su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, se dirigió al Gobierno este jueves en el plató de Espejo Público señalando que “pueden disponer de las Fuerzas Armadas y desplegar embarcaciones que impidan los cayucos que ponen en riesgo la vida de las personas que van en ellas salgan al mar y finalmente lleguen a nuestro país”.
Una petición que, tan solo 24 horas después de hacerse pública, ha sido tumbada por la propia Armada. El almirante jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), Teodoro López Calderón, ha contestado a las palabras de Tellado asegurando que no es posible llevar a cabo lo que solicitan desde las filas populares, amparados también por Vox. Por una parte, ha señalado que el bloqueo naval planteado en un primer momento por Vox no es posible ya que “no se aplica al propio país”, de manera que España no puede bloquear la isla, ya que esta es territorio nacional. Por otra parte, el AJEMA añadió también que el deber de “cualquier barco de guerra de España que se encuentra con una patera” es darle auxilio y rescate. “Su obligación de todo tipo, legal, moral, etcétera, es rescatarlo, y eso es lo que se haría”, señaló.
A la negativa de la Armada española, se ha unido la respuesta del Gobierno central. Los datos aportados señalan un claro incremento en la llegada de inmigrantes a territorio español. Así, mientras que en 2023 fueron más de 56.600 personas, en 2024 han llegado más del doble que en el mismo periodo en el año anterior. Además, señalan que la ocupación del Servicio de Atención Humanitaria únicamente en Canarias está ya al 42%. En esta línea, a nivel global, el sistema de Atención Humanitaria está al 81% de capacidad, con más de 19.500 plazas ocupadas y 3.700 libres.
Tal y como evidencian los datos, la llegada de inmigrantes a Canarias es notablemente mayor que en el resto de la península. Por este motivo, desde el Gobierno han recordado que en diciembre de 2023 el Consejo de Ministros aprobó la concesión de 70 millones de euros a la isla y se reforzó la red de acogida. En este sentido, señalan que, si en 2020 en Canarias existían menos de 500 plazas de acogida, ahora disponen de más de 7.000 plazas. Para llevar a cabo estos proyectos de refuerzo en la atención humanitaria, el Gobierno ha formado el Consejo Interministerial de Inmigración que reúne hasta ocho ministerios: Política Territorial; Asuntos Exteriores; Interior; Derechos Sociales; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Juventud e Infancia; y el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Señalan que “la atención rápida y humanitaria en nuestras costas y la absoluta coordinación entre los ministerios competentes son piezas centrales en esta gestión”.
Especial atención a los menores
Dentro de todo este proyecto de refuerzo de la atención, reparto y asistencia de los migrantes, los menores no acompañados constituyen uno de los principales esfuerzos del Gobierno.
Desde este han recordado que la gestión de los menores es competencia de cada autonomía según se recoge en el artículo 148 de la Constitución Española, mediante el que se atribuye a las autonomías la competencia de “asistencia social”. No solo por los datos que evidencian que la presencia de estos menores entre los migrantes que llegan a España es cada vez mayor, sino también porque, como se desprende del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), en 2023 los menores no acompañados son concebidos como una amenaza para la sociedad y en el 52% de los casos se utiliza un lenguaje agresivo contra ellos.
Política migratoria
Entre otras cosas, los datos aportados por el Gobierno señalan también que de la actual política migratoria se desgranan cinco planes de actuación: empleabilidad, derechos humanos con perspectiva de género, españoles en el exterior, medidas para combatir el discurso de odio y transparencia frente a desinformación.
Por su parte, referente a los extranjeros afiliados a la Seguridad Social, los datos arrojan que se ha pasado de un millón en 1999 a cerca de 7,5 millones afiliados en 2024. Entre ellos, 2,8 millones “contribuyen a sostener el Estado de Bienestar”. Además, aportan el 10% de ingresos a la Seguridad Social, siendo apenas el 1% del gasto.
