Tras el anuncio del fallecimiento de Isabel II, la gran mayoría de los medios se están haciendo eco de los hitos de su reinado. Sin embargo, pocos hablan de las arcas de la soberana, que cuentan con numerosas propiedades, en su mayoría desconocidas
El patrimonio de la reina Isabel II sigue siendo un misterio incluso para los británicos, que tienen que conformarse con las estimaciones de medios como The Sunday Times, que le otorgó unos 400 millones de euros, muy lejos de los 14.000 millones difundidas por otras fuentes o los 75.500 millones sumados por la revista Forbes.
La razón de tanto secretismo es el veto sobre su patrimonio impuesto por la misma Reina desde la década de los años setenta, cuando presionó al Gobierno británico para cambiar el proyecto de ley de transparencia y ocultar su riqueza, según una investigación del diario The Guardian, adelantada por El Mundo.
El cambio en el proyecto de ley se habría producido durante el Gobierno del conservador Edward Heath, en 1973, aunque entró en efecto tres años más tarde, con el laborista Harold Wilson. La exención real duró al parecer hasta el año 2011, cuando hubo un cambio legislativo tras la llegada de David Cameron al poder.
Se eximió de transparencia a empresas usadas por los jefes de Estado
De acuerdo con la investigación de 'The Guardian', el abogado Matthew Farrer intercedió ante el Departamento de Comercio para considerar que el proyecto de ley que pretendía evitar que los inversores acumularan en secreto participaciones en empresas cotizadas Bolsa divulgando la titularidad de las acciones podría ser "potencialmente embarazosa" para la Corona. Su reflexión permitió que se introdujera una cláusula que eximía de las medidas de transparencia a las compañías "usadas por los jefes de Estado".
La exención benefició a una compañía llamada Bank Of England Nominees Limited, en la que participaron altos cargos del Banco de Inglaterra, y que pudo ser usada para ocultar las inversiones de Isabel II al menos hasta el 2011. La compañía se disolvió hace cuatro años sin haber presentado cuentas públicas sobre sus actividades.
El consentimiento real
En la Cámara británica existe lo que se conoce como "consentimiento real", por el que se requiere la consulta previa a la Reina en el caso de una legislación que afecte los intereses privados de la Corona.
De acuerdo con los documentos a los que ha tenido acceso The Guardian, guardados hasta ahora en los Archivos Nacionales, ese procedimiento puede haber sido usado en beneficio propio por Isabel II.
Se estima que la Reina o el príncipe Carlos han podido dar su "consentimiento" a un total de 1.062 leyes, de las cuales algunas pudieron afectarles personalmente o a sus propiedades y otras incluyeron aspectos como la seguridad social, las pensiones, las relaciones raciales y la política de alimentos, según el citado diario.
