La falta de un criterio unificado sobre la realización de pruebas diagnósticas para detectar el coronavirus en las residencias de ancianos ha provocado diferentes modos de actuación en las comunidades autónomas, que son las que deciden si los aplican o no cuando no son los órganos judiciales los que actúan, como ha ocurrido en Andalucía, donde el Tribunal Superior de Justicia ha suspendido de forma cautelar los test aprobados por la Consejería. Hasta el momento, lo que ha estipulado el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) es que se debe realizar la prueba a los trabajadores de estos centros que no se hayan vacunado. Organizaciones como el grupo Lares, que gestiona a lo largo de todo el país 1.050 centros, y cuenta con unos 35.000 empleados, ha exigido al Gobierno que se realicen test a sanitarios y familiares porque son un foco de contagio para los mayores.

Las cifras del repunte de casos alarman

En Castilla-La Mancha, lo mismo que ocurre ahora con Andalucía, tampoco se obliga al personal laboral de estos centros a someterse a test anticovid. El presicente del Grupo Lares, Juan Vela, ha explicado que “en las últimas semanas, hemos vivido con preocupación el repunte en el número de contagios en los centros para mayores. Las cifras nos han alarmado y con razón, pese a que el 100% de los residentes está ya vacunado y un elevado porcentaje de trabajadores también (más del 95%). Por eso, no entendemos que la justicia tumbe medidas que solo buscan minimizar los riesgos de contagio en un sector de la población que, de contraer la enfermedad, puede acabar falleciendo”.

Lares recuerda que "tras la vacunación, el único método para saber si el virus puede entrar en las residencias es mediante la realización de pruebas diagnósticas a todo aquel que desempeñe una relación laboral con estos centros. Solo así se consigue identificar a los asintomáticos y se evita, por tanto, un contagio entre los residentes".

Pide a Sanidad un criterio unificado

Esta organización pide que se fije desde Sanidad "un criterio unificado" en todas las comunidades autónomas. "Cada comunidad autónoma ha impuesto medidas diversas y, poco después, cada tribunal superior de justicia de cada autonomía ha avalado o no, las mismas. Esta situación provoca una disparidad en la normativa donde, por ejemplo, no son obligatorios los test para empleados en Andalucía o Castilla-La Mancha. En el caso de La Rioja sí se realizan test a la plantilla cada semana, pero no a las visitas. En Cantabria sólo se obliga al personal y a los residentes que regresan de sus vacaciones. Y podríamos seguir así hasta completar las diecisiete comunidades autónomas en las que se divide el país", añade el presidente de Lares.

En la Comunidad Valenciana, la Consejería de Sanidad ha dispuesto hacer pruebas diagnósticas a los trabajadores, vacunados y no. El protocolo establece que siempre que el municipio donde se encuentre el centro se halle en nivel dos o tres de alerta, se llevarán cabo estas pruebas para los trabajadores vacunados cada dos semanas, a la vuelta de permisos y en nuevas incorporaciones.

En Aragón, donde se realiza test a trabajadores y visitantes de las residencias, las organizaciones que gestionan centros concertados están esperando que se levante la obligatoriedad en cualquier momento. “En un sinsentido. Exigimos una norma clara y de aplicación a todo el territorio nacional, sin distinciones. Que obligue a la realización de test de detección de la Covid19 a todo el personal. Que obligue, también, a la vacunación de todos los trabajadores. Y que siga manteniendo las medidas de higiene y distanciamiento social en todos los centros”, reclama Vela.